El Servicio de Infracción Urbanística del Ajuntament de Palma se
encuentra completamente colapsado, con cerca de 8.000 expedientes
pendientes de resolución, según reconoció ayer el teniente de
alcalde de Urbanismo, Rafel Vidal.
Para poner remedio a esta situación e ir sacando adelante
expedientes, el Gobierno municipal ha puesto a trabajar a seis
personas mañana y tarde, haciendo horas extras, y ha contratado a
tres más a través del IMFOF para organizar los archivos y agilizar
las labores administrativas. En estos momentos, trabajan en este
departamento reforzado un total de 33 personas.
Por lo pronto, y como prueba de que el departamento ha
despertado, la Gerencia de Urbanismo aprobó ayer la propuesta de
inicio de 18 expedientes sancionadores graves por obras ejecutadas
sin licencia, que suponen multas que alcanzan cuantías millonarias
en algunos casos. La más alta, con 5.800.000 pesetas de sanción, se
refiere al expediente abierto por el hotel Sant Jordi, de la calle
Grúa, esquina calle Marbella. A los responsables de todas estas
obras se instará ahora a legalizar los trabajos y la multa
económica final dependerá de si ésta es o no legalizable y de si
los autores son reincidentes, entre otros factores.
Además, sólo la semana pasada se remitieron 19 expedientes a
informe técnico, 28 fueron remitidos a celadores, 13 fueron
resueltos y archivados, se emitió una propuesta de demolición, otro
continuó el proceso sancionador y once más prosiguieron su
tramitación.
La mayor parte de los expedientes pendientes se refieren a los
últimos cuatro o cinco años, pero también los hay que se remontan a
1975 y otros muchos a los años ochenta.
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