El juez del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro,
ha dictado un auto por el que acusa al Insalud de entorpecer la
investigación iniciada hace ya ocho años al detectarse graves
irregularidades en la administración del hospital de Son Dureta. En
este auto el juez entiende que las sospechas de que se ha cometido
un delito de malversación de caudales son evidentes, pero ha
decidido archivar el caso porque no ha podido individualizar las
responsabilidades.
La denuncia entró en el juzgado el 25 de marzo de 1992 y la
firmaba el fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor, al
entender que existían graves irregularidades económicas en el
principal hospital de Insalud en Mallorca. Esta denuncia fue fruto
de una larga investigación, dirigida por los fiscales Ladislao Roig
y Mercedes Carrascón, que se inició tras la denuncia del sindicato
Comisiones Obreras. El juez Castro dividió la investigación en
cinco apartados: la utilización de prótesis, la concesión de
servicios de alimentación, el sistema de contratación
administrativa de compras sumergidas, y aspectos asistenciales.
En estos ocho años el juez ha podido comprobar que la gestión
hospitalaria, entre 1989 a 1990, era cuanto menos caótica. Uno de
los ejemplos era la falta de control sobre las prótesis que, según
obraban en documentos, muchas aparecían implantadas a personas
fallecidas. Otro capítulo de escándalo era el apartado de compras.
Son Dureta adquiría productos que casi doblaban el precio habitual
que paga cualquier persona.
Sin embargo, donde más incidieron los fiscales en su denuncia
fue el tema de la concesión de trabajo de pintura. Son Dureta
entregaba un trabajo a una determinada empresa incluso un día antes
de que fueran aprobados los presupuestos.
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