Las enmiendas presentadas por el PP, todas ellas de supresión,
permiten acelerar la tramitación del proyecto de ley, que podría
entrar en vigor, si se aprueba en diciembre, a mediados del mes de
junio o principios de julio, es decir, en plena temporada alta. En
cualquier caso, el Govern podría decidir durante la tramitación
final de la ley introducir una enmienda para aplazar la entrada en
vigor de la ecotasa, prevista seis meses después de su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunitat Autònoma. Sin embargo, esta
posibilidad todavía no ha sido planteada a los partidos del Pacte
de Progrés, que deben ser los encargados de introducir la enmienda
que proponga en Govern.
La aceleración de la tramitación de la ecotasa implica, además,
que el Govern y los hoteleros negocien contrarreloj el proyecto de
ley después de muchos meses en el que los avances para consensuar
el texto han fracasado estrepitosamente. Los hoteleros han
solicitado una entrevista con el portavoz del grupo socialista para
intentar negociar la ley que tramita el Parlament.
La estrategia del Govern está muy clara: el impass que se ha
producido desde la admisión a trámite de la ecotasa no ha supuesto
ningún avance en las negociaciones con los hoteleros, aunque Antich
y Alomar han decidido aprovechar la relación de Gómez Navarro con
el sector turístico para convencerles de la necesidad de crear el
nuevo impuesto. El gran tema de negociación sigue siendo la
situación de las plazas ilegales, que deben aflorar con la entrada
en vigor del nuevo impuesto. Otro aspecto importante que debe
resolverse en los próximos meses es articular el reglamento que
desarrolle el nuevo impuesto, un aspecto clave.
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