El PP anunció ayer su intención de acudir a los tribunales para
acusar a Rafael De Lacy, presidente de la Comissió Insular
d'Urbanisme, de una presunta prevaricación al votar a favor de la
urbanización de la Marina de Calvià. Rafael De Lacy fue asesor
jurídico de la promotora del proyecto antes de presidir la Comissió
Insular d'Urbanisme.
El dirigente del PP Pere Rotger reiteró que el informe del
secretario del Consell Insular de Mallorca sobre Rafael De Lacy ha
dado la razón a las tesis planteadas desde las filas populares.
«Exigimos la dimisión inmediata de Lacy porque no podía votar la
aprobación del PERI de la Marina de Calvià. Además, cuando una
persona como De Lacy pierde los papeles y hace acusaciones falsas
lo mínimo que puede hacer es pedir disculpas». Rotger señaló que su
grupo pedirá la revisión del Plan General de Calvià al margen de
exigir responsabilidades a De Lacy.
Para Antoni Alorda, el informe del secretario del Consell «no da
la razón al PP», aunque el dirigente del PSM también admitió que De
Lacy «tenía el deber de abstenerse en temas concretos». Según
Alorda, el dirigente de UM también debería haber solicitado ya la
renuncia a la compatibilidad para ejercer su trabajo como abogado.
«De Lacy debería tomar nota, pero es justo que se haga un
linchamiento político contra él», pidió. Francina Armengol, del
PSOE, señaló que el primer informe jurídico sobre Rafael De Lacy
«ya era suficiente».
Miquel Nadal, de UM, tachó las acusaciones contra De Lacy de
«persecución» y aseguró que el PP «recibe instrucciones desde
Madrid para seguir con esta historia». Pere Rotger recordó que la
aprobación de la «Marina no es un tema banal y De Lacy no debería
haber votado». «¿Qué hubiese pasado si el presidente de la Comissió
Insular d'Urbanisme fuese del PP?», preguntó Rotger.
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