Un auto judicial inaudito

En 1992 la sociedad mallorquina se vio alarmada por las denuncias de corrupción en el Insalud y Son Dureta. La opinión pública percibió la sospecha de que algunos funcionarios públicos aprovechaban su cargo para enriquecerse, y el caso se puso en manos de un juez de lo penal. Esta semana, ocho años después, nos hemos enterado de que la causa ha sido sobreseída. Pero, lejos de fracasar en todos sus extremos, el periodo probatorio recién concluido ha aumentado las sospechas iniciales y ha añadido nuevas y gravísimas presunciones. Si se perseguía un delito de malversación continuada de caudales públicos, el auto del juez deja caer ahora, además, la posibilidad de obstrucción a la Justicia y encubrimiento, por parte de la administración pública española, y prevaricación de abogado, al defender un letrado intereses opuestos en la causa, según el artículo 467 del Código Penal. A decir del juez, en estos ocho años se practicaron «numerosísimos actos de instrucción» que evidencian «la ligereza, la despreocupación y el escandaloso despilfarro» en Son Dureta. Pero el juzgado ha sido incapaz de sustanciar las responsabilidades y ha dado carpetazo.