La Guardia Civil y la Policía Nacional han registrado en Balears,
entre enero y septiembre de este año, un total de 14 denuncias por
impago de prestaciones económicas después de la ruptura de la
pareja, mientras que en toda España el número asciende a las 1.592.
Según los datos que ha remitido el Gobierno a la diputada
socialista María Jesús Arrate con motivo de una respuesta
parlamentaria, a la que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo ha
remitido al Congreso una lista de las denuncias presentadas por
comunidad autónoma y encabeza la clasificación Canarias con 315
denuncias; seguida de Andalucía, con 269; Madrid, con 222; y
Cataluña, con 167 denuncias.
Completan la lista Murcia, con 120 denuncias registradas por la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía; la Comunidad
Valenciana, con 91; Castilla y León, con 82; Galicia, con 70;
Extremadura, con 65: Castilla La Mancha, con 62; Asturias, con 55;
Cantabria, con 34; Aragón, con 21; Balears, con 14; Navarra, con 4;
y Melilla, con una denuncia.
El año pasado se registraron un total de 2.611 denuncias por
impago de pensiones tras la ruptura matrimonial y también encabezó
la lista Canarias, donde se presentaron un total de 476
denuncias.
La diputada socialista pide al Gobierno que explique cuáles son
las previsiones acerca de la creación de un fondo de garantía de
alimentos y pensiones compensatorias, petición de los grupos de la
oposición que fue rechazada el pasado mes cuando se debatió en el
pleno del Congreso de los Diputados.
Tanto el partido socialista como Izquierda Unida y el grupo
mixto abogaron en esa ocasión por crear un fondo que garantice el
pago de alimentos en los supuestos de ruptura matrimonial cuando el
cónyuge obligado al mismo no lo realice.
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