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J.M.R./C.M.C.
El sistema de contratación administrativa en Son Dureta a finales de los 80 y principios de los 90 fue otro de los asuntos investigados por el Grupo de Delincuencia Económica en torno al llamado «caso Son Dureta». En él se pone de manifiesto que para no tener que convocar concursos públicos se optaba por dividir el trabajo en partes de forma que no se alcanzase el dinero que haría necesario la convocatoria de un concurso público.

Además se habla de irregularidades en la adjudicación de los contratos o que de cada «100 pesetas de gasto corriente, 90 se gastan por el sistema de compra directa, conculcando los más elementales principios de la contratación administrativa, sin posible publicidad ni libre concurrencia, sin control de mejores ofertas ni cuestiones técnicas». Y pregunta: «Cuántos de estos millones (casi 10.000 millones entre 1988 y 1990) podrían haberse ahorrado al Erario Público si se hubiera acudido al procedimiento transparente de la publicidad y la libre concurrencia».

Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con el trabajo de pintura del pabellón B del hospital en 1988. Así, se decidió contratar por fases dicha obra que «es una forma de salvar la legalidad aparentemente, por cuanto no se concibe una necesidad cierta de pintar un edificio planta por planta, a través de expedientes de contratación independientes, que podrían generar el que cada planta del edificio fuera pintada por una empresa distinta, con técnicas distintas y materiales diversos».