La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, que corresponde a
la oficina del Defensor del Pueblo de España, recibió el año pasado
casi 17.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos, a
cuya investigación tuvo que hacer frente con un presupuesto exiguo.
Así lo expuso ayer, en Palma, el Procurador de los Derechos Humanos
guatemalteco, Julio Eduardo Arango, quien asegura que su
departamento no tiene capacidad económica, a pesar de ser una
figura elegida por el Congreso, «porque la forma que tiene el
Estado de castigarnos es reduciendo el presupuesto para que no
podamos cumplir con nuestra misión», declaró.
Arango explicó que, sin embargo, pueden desarrollar su labor
gracias al apoyo de la cooperación internacional, en concreto, de
Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda y España. Según el procurador,
España coopera con su departamento a través de la financiación de
las juntas municipales de la niñez, que vienen a ser como
defensores del menor en los distintos municipios, una labor que
también va a contar con el apoyo de Suecia.
El defensor del pueblo de Guatemala, que fue recibido en
audiencia por el presidente del Govern, Francesc Antich, y la
directora general de Cooperació, Assumpta Gorrías, agradeció la
buena acogida dispensada por los representantes de Balears y su
deseo de cooperar, que tiene como antecedente toda una década de
cooperación del sindicato STEI-i y Ensenyants Solidaris.
Arango destacó el papel «importante» realizado por el STEI-i en
Guatemala, cuyos representantes «participaron como observadores en
las últimas elecciones y han trazado fuertes lazos con nuestro
país». Para el procurador, «nuestros pueblos sólo saldrán adelante
con educación». Julio Arango opina que Guatemala está siendo
atacada ahora por «otra forma de imperialismo, la globalización,
que sólo se podrá neutralizar con información y educación».
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