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J.M.R./C.M.C.
Que los hechos investigados en el «caso Son Dureta», y que responden a diez años atrás, pudieran ser constitutivos de infracción penal es una posibilidad que según el juez que instruyó el caso «no cabe entender descabellada». Sin embargo, estas presuntas infracciones quedan impunes porque como dice el mismo auto «no existen por el contrario, motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada». Por lo que se refiere a las presuntas irregularidades administrativas y que podían ser objeto de expediente disciplinario quedan asimismo en el aire en cuanto que el Insalud no se personó como acusación particular y como perjudicado hasta el pasado mes de febrero.

Además, el juez no duda en referirse a las «trabas» puestas por el Insalud en la instrucción del caso pero, en cambio, no ha existido ninguna actuación contra el Insalud por lo que se podría considerar obstrucción a la Justicia. Ya entrando en el informe elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica sobre el llamado «caso Son Dureta» destaca la investigación sobre la adquisición directa del suministro de leches infantiles.

En julio de 1990 se adjudicó este servicio a una empresa en concreto «por ser el único que ofrece toda la gama de productos que el hospital está consumiendo en estos momentos» pero con el voto negativo del interventor del centro. La adjudicación definitiva se hizo por cero pesetas «cuando la Mesa de Concursos examinó y adjudicó con arreglo a una oferta económica concreta y por precio que no era el de cero pesetas» y se señala que «no hay posible explicación a cómo se resuelve la adjudicación directa por cero pesetas, ni en que fase del expediente se negoció el cambio de tal oferta» Además, «tampoco se sabe si estas negociaciones fueron abiertas a todos los restantes concursantes, dándoles la oportunidad de servir también los productos que comercializa a costo cero».