El Ajuntament de Palma ha presentado toda una serie de alegaciones
al Plan Director Sectorial Energético de Balears. Cort no considera
justificable que el Govern apueste por que la llegada del gas
natural se realice por Sant Joan de Déu, en suelo de uso
residencial y que, en cambio, vea más peligroso tener las plantas
de regasificación dentro del puerto de Palma.
Más aún, el Consistorio se queja de que el plan «carga toda su
actuación sobre el municipio de Palma». En este sentido, el alcalde
de Urbanismo, Rafel Vidal, considera más lógico que estos depósitos
«estén lejos de centros urbanos y núcleos poblacionales». Otra de
las alegaciones se refiere a la «falta de concreción» del plan.
Según Cort «no se justifica la localización de las zonas de llegada
del gas natural». Por lo que se refiere a la red de transporte de
la energía y conducción del combustible, el plan califica una
«reserva de suelo» en la planimetría «pero ésta no tiene la escala
adecuada para poder saber la afección sobre el territorio del
término municipal», lamenta Cort.
El Consistorio se queja también de que «no se realicen estudios
previos de los emplazamientos de los puntos de suministro ni de las
instalaciones de almacenamiento que, en el caso de Mallorca se
realizan todas en Palma, y que no haya más alternativas». Según el
Ajuntament, el plan «tampoco establece medidas para el fomento de
la eficiencia y ahorro en el consumo, especialmente en el alumbrado
público». Por todo, los responsables municipales consideran que «la
documentación aportada es insuficiente y que del anexo cartográfico
no se puede deducir su afección completa en Palma, pues sólo se
reservan los terrenos de Sant Joan de Déu, por lo que se refiere al
área de suministro y almacenamiento, así como un área no
determinada de Palma».
Por otra parte, la consellera de Medi Ambient, Margalida
Rosselló, reconoció que el plan energético autonómico realizado por
la Conselleria de Innovació «se queda corto» en lo referente al
fomento de las energías limpias. Estas declaraciones, efectuadas
por la consellera en su ponencia en el V Congreso Nacional de Medio
Ambiente, se suman a las críticas que, sobre la futura normativa,
han efectuado grupos ecologistas como el GOB, que el pasado viernes
pidió su retirada o modificación total.
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