La aplicación de la nueva ley penal juvenil, que entrará en vigor
el 13 de enero de 2001, supondrá que se multiplique por tres el
número de menores sobre los que tenía competencia el Govern de les
Illes Balears, según expuso ayer la directora general de Menors,
Aina Rado.
La responsable de Menors participó en el acto de inauguración
del I Simposio sobre la aplicación de las medidas educativas en
medio abierto, que estuvo presidido por la consellera de Benestar
Social, Fernanda Caro, y que contó con la presencia de la directora
general de Asuntos Sociales y Familia del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Teresa Mojín.
En estas jornadas se debatirá, también, la aplicación de la
nueva ley penal juvenil, cuya principal implicación, en opinión de
Aina Rado, será que deberá aplicarse sobre una franja de edad
mayor, hasta los 18 años. «Nosotros entendemos esta ampliación de
la edad como una transferencia, pero el Gobierno central no han
previsto recursos para atender a estos menores, que calculamos
significarían 2.000 millones más», expuso Rado.
El Govern ya ha comenzado a atender las necesidades más urgentes
y ha ampliado a 16 el número de educadores en medio abierto, según
Rado. Dijo, también, que son 120 los menores sujetos a estas
medidas, por la comisión de faltas leves, pequeños hurtos y robos
de motos.
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