La nueva Ley del Menor acaba de entrar en vigor y lo ha hecho
con polémica. La excarcelación de jóvenes delincuentes autores de
homicidios que conmocionaron a la sociedad ha causado alarma
social. Saber que las dos chicas de Cádiz que degollaron a una
compañera están ya en la calle porque cumplieron los seis de meses
de prisión preventiva que establece la nueva ley llena de
preocupación. Y otro tanto ocurre con el chico murciano que asesinó
con una catana a sus padres y su hermana. Son casos muy llamativos.
Pero hay otros muchos, más silenciosos, anónimos, que también
generan temor.
La mayoría de los ciudadanos estará de acuerdo en que el menor
que destroza una cabina telefónica o hace una pintada no merece más
que una leve sanción o, mejor aún, que reponga el daño efectuado.
Pero remitirse a casos de ésos es como tapar el sol con un dedo. Lo
que preocupa es que se mida a todos con el mismo rasero. En el caso
de menores penados, lo que ya ha empezado a aplicarse es que
abandonen las prisiones e ingresen en centros especializados
dependientes de las comunidades autónomas. La medida parece
acertada aunque haya planteado algunos problemas a las
instituciones que deben encargarse a partir de ahora de estos
jóvenes. Ciertamente, no será fácil y deberán adoptarse estrictas
medidas de seguridad para evitar fugas e incidentes dentro de los
recintos. Pero el problema grave está en los preventivos. Todos los
que llevaban más de seis meses en prisión han salido ya libres a la
espera de juicio. Y es ahí donde se han alzado voces de protesta.
Falla el sistema que permite estar seis o más meses en espera de
juicio. Y falla la ley al decretar el excarcelamiento automático.
Si estaban presos por su peligrosidad, deben seguir bajo custodia,
aunque en otros centros, hasta que sean juzgados. Sin olvidar, por
otra parte, que son menores o eran menores en el momento de cometer
el delito. Y que la sociedad les quiere dar otra oportunidad.
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