El president del Govern, Francesc Antich, y el conseller de Treball
i Formació, Eberhard Grosske, exigieron ayer a los municipios mayor
implicación en la lucha contra la siniestralidad laboral. En
concreto, demandaron de los ayuntamientos un esfuerzo
complementario a la hora de hacer cumplir la normativa urbanística
no sólo en el sentido de parar e impedir las obras que no tengan
licencia sino también exigiendo y comprobando que lo que se
construye se adapta a lo autorizado.
Antich y Grosske, que se reunieron ayer por la tarde en el
Consolat de Mar con la Federación de Entidades Locales de las Illes
Balears (FELIB), pidieron más vigilancia municipal de las licencias
y solicitaron además la colaboración de las policías locales para
que denuncien infracciones que puedan detectar a través del
teléfono 112 (quien contactará con los inspectores) y comprueban
las denuncias que puedan llegar de los ciudadanos.
Eberhard Grosske dijo que «no basta con que los ayuntamientos
pidan las licencias, además hay que vigilar y comprobar que
efectivamente se están realizando las obras solicitadas y no más».
Y es que, según el informe de la conselleria sobre el antiguo hotel
Tívoli, se estaba haciendo más obra de la que estaba autorizada
(precisamente fue la que se derrumbó). Ello supone evitarse hacer
los estudios pertinentes sobre la obra no declarada con el riesgo
que ello implica. Por norma general, los ayuntamientos tampoco
controlan con excesivo rigor la obra realizada para ver si se
ajusta a la autorizada aunque a veces es el promotor el que sigue
las obras una vez ha pasado el arquitecto municipal y dado la
finalización de la obra.
Joan Rotger, miembro de la comisión permanente de la FELIB,
reconoció tras la reunión el importante papel que juegan los
ayuntamientos en la lucha contra los accidentes laborales pero
señaló que carecen de los medios suficientes para hacer cumplir de
forma exhaustiva la legalidad urbanística. Rotger indicó en los
últimos años «los servicios urbanísticos municipales han estado
desbordados». Señaló que se necesita dinero para que haya más
técnicos y que ello pasa «por una mayor financiación de los
municipios».
Grosske insistió tras la reunión en exigir más rigor a los
municipios a la hora de conceder las licencias, un control efectivo
de las obras de reforma y el cumplimiento por parte de los mismos
ayuntamientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El
conseller insistió en pedir a los ayuntamientos que no contraten
con quienes no cumplen la ley de riesgos.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.