El Govern pedirá informes jurídicos de las auditorías por si se incurrió en delito

En esta línea se encuentra el conseller de Treball, Eberhard Grosske, para quien el Govern tiene la obligación de acudir a los tribunales en caso de que se tenga la sospecha de que se incurrió en delito. «Si la Administración tiene la sospecha de que se ha cometido un delito, tiene que enviar la documentación al juez porque, en caso contrario, la propia Administración estaría cometiendo a su vez un delito de encubrimiento», afirmó el titular de Treball.

El conseller afirmó que, en algunas de las auditorías, es evidente que no existe delito y que lo que se dio fue una gestión deficiente. Por eso está de acuerdo en que el Govern envíen a los servicios jurídicos de la Comunitat los informes económicos más delicados que se han realizado a las empresas públicas para que determinen si hay o no indicios de delito.

La teoría de Eberhard Grosske es compartida por otros representantes del Ejecutivo cercanos a Presidència del Govern y, por lo tanto, entre las filas socialistas del Pacte de Progrés. También en este círculo se considera conveniente que los servicios jurídicos de la Comunitat estudien las auditorías por si acaso pudo existir delito en la gestión de algunas empresas o si simplemente se trata de una gestión deficiente. Sin embargo, tampoco en el PSOE hay unanimidad total sobre esta cuestión y el propio conseller d'Hisenda, Joan Mesquida, aseguró que, dada la situación actual y en función de lo que se conoce de la auditorías no es preciso acudir a los tribunales.