La Comissió de Govern del Ajuntament de Palma aprobó interponer un
contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno del Consell
Insular de Mallorca del 8 de enero, que desestimó las alegaciones
de Cort al expediente de modificación del contrato de gestión de
servicios públicos para el tratamiento de residuos sólidos urbanos
en Mallorca, firmado entre el Consell de Mallorca y la empresa
Tirme S.A. en mayo de 1992.
El teniente de alcalde de Infraestructures del Ajuntament de
Palma, José María Rodríguez, señaló ayer los motivos concretos por
los que Cort ha interpuesto este contencioso. «En primer lugar, hay
que señalar que el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus Urbans de Mallorca se basa en una ley, la de acompañamiento
de presupuestos, que ya ha sido recurrida y que además fue
modificada en su momento». «Recurrimos contra el plan director
porque invade competencias municipales, como por ejemplo la
recogida selectiva, y además nos negamos a que se hagan cosas no
previstas en los contratos suscritos entre el Consell de Mallorca y
la empresa Tirme», añadió.
Para Rodríguez, «se está conculcando el convenio suscrito entre
el Consell de Mallorca y Cort en 1991». En el mismo se acordó que
el Ajuntament cedería el uso de una parte de Son Reus para la
incineradora, «sólo para eso, pero no para el reciclaje de
residuos, que es lo que se quiere hacer ahora, sin que se haya
hecho un convenio nuevo con el Ajuntament de Palma, que es el
propietario de Son Reus», prosiguió Rodríguez.
En su momento, se presentaron tres empresas al concurso
convocado por el Consell para la incineración de residuos. La
empresa elegida fue Tirme. La polémica ha surgido al haberse
ampliado los trabajos que puede llevar a cabo dicha empresa, y al
no haber acuerdo entre el Consell y Cort acerca de cómo se ha de
respetar el contrato con Tirme y acerca de si se ha de convocar
otro concurso.
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