La Asociación de Constructores de Balears, la Asociación de
Promotores Inmobiliarios de Balears y el Colegio Oficial de
Aparejadores de Mallorca critican la inseguridad jurídica en la que
se encuentra el sector inmobiliario en la Isla, «la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) no hace más que
corroborar nuestras quejas de hace dos años ante tal medida, que la
postre motivó el actual boom que ha vivido el sector de la
construcción durante los últimos tres años en la Isla».
El vicepresidente de la Asociación Empresarial de Promotores
Inmobiliarios, Gabriel Oliver, afirmaba ayer que la moratoria del
CIM «creó en su día unas expectativas en el sector inmobiliario
para construir más, dado que se incentivó indirectamente a aquellos
inversores que no tenían intención de construir pero a la vista de
los acontecimientos optaron por consolidar sus proyectos, que es lo
que ha generado el alza del sector de la construcción en
Mallorca».
Oliver apunta que pese a que el TSJB anula la moratoria, «las
Direcctrices de Ordenación Territorial suspendieron en su día el
90% de las 74 urbanizaciones que prohibió el CIM, por lo que el
efecto de la sentencia no va a ser muy sustancial. Lo que está
claro es que todo esto crea más inseguridad y no es bueno para la
imagen de Balears. Lo sucedido es un aviso a la Administración de
que tiene que tener más cuidado con las legislaciones para evitar
vulnerar el principio de la seguridad jurídica». El gerente de la
Asociación de Constructores, Manuel Gómez, y el presidente del
Colegio Oficial de Aparejadores de Mallorca, Jaume Gibert,
coincidieron en señalar que la sentencia «es una evidencia más de
la inseguridad jurídica que existe en nuestro sector y cómo está
regulado el crecimiento urbanístico».
El portavoz del GOB, Miquel Àngel March, dijo que «quizás» el
CIM se había equivocado en la argumentación jurídica sobre la
moratoria, pero que la sentencia del TSJB «no se va a traducir en
un aumento de grúas y cemento en Mallorca». «Esta claro que la
moratoria debe acordarse para fijar unas actuaciones más
contundentes contra el crecimiento descontrolado, pero su
argumentación jurídica debe ser más precisa».
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