El Govern balear dispondrá en tres o cuatro meses de la nueva
normativa para las residencias de la tercera edad, según afirmó
ayer Antoni Sancho, director general de Planificación y Ordenación
Social de la Conselleria de Benestar Social. El nuevo texto
incrementa los niveles de exigencia en cuanto a la calidad del
servicio y, así, incluye la exigencia de una titulación de grado
medio para los responsables y mejoras físicas y ambientales de las
residencias. Pero además, regulará, por primera vez, los centros de
día y viviendas tuteladas.
El Ejecutivo impulsó la revisión normativa después de la
apertura de cuatro expedientes sancionadores a residencias desde
mediados de 1999 y el cierre de la residencia de Binissalem y de un
piso de la calle Bernat Amer de Palma, ambos del mismo
propietario.
Por su parte, la consellera de Benestar Social del CIM, Josefina
Sintes, cifró ayer entre 700 y 800 el déficit estimado de plazas en
residencias de la tercera edad en Balears, aunque reconoció que «no
conocemos bien las necesidades reales». Pese a ello, aseguró que
«desde el Consell no se van a construir nuevas residencias
públicas». La responsable del CIM reconoció que «la administración
ha llegado a su límite» y, como alternativa, anunció que «debemos
estimular a la iniciativa privada para la construcción de nuevas
residencias y concertar plazas en centros privados o mixtos a
través de un centro único de gestión de plazas».
Sintes realizó estas afirmaciones ayer durante la presentación
de la Asociación de Residencias Privadas de la Tercera Edad, que
nace con ocho centros asociados y un total de 664 plazas. Las que
forman parte de esta asociación, de las 17 existentes en Mallorca,
son Oasis (165 plazas), Elena (19), Fabiola (92), Bocambilia (125),
Cala Estancia (89), Borenco (120), Anabel I (28) y Anabel II
(26).
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