La mayoría de jueces, fiscales y abogados ha insistido en la
necesidad de evitar «la politización del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) a través de la elección de sus miembros». En el
trasfondo de la polémica subyace el plan para la reforma de la
Justicia presentado por el Gobierno del PP.
El ministro de Justicia, Àngel Acebes, propuso una reforma de la
Justicia con el objetivo de «modernizarla, agilizarla y hacerla más
eficaz» y subrayando que desde su primera comparecencia en el
Congreso había dicho que se haría «desde el acuerdo y el consenso
con los grupos parlamentarios.
El Gobierno de José María Aznar plantea que se sustituya el
actual sistema en el que diez vocales son elegidos por el Congreso
de los Diputados y el mismo número por el Senado por uno nuevo, en
el que doce vocales fueran de procedencia judicial y ocho
designados por las dos Cámaras "cuatro por cada una de ellas".
La oposición considera que actualmente no se «garantiza la
independencia de los jueces, su profesionalidad, su sometimiento a
la Ley y al Derecho, así como la división de poderes».
El ministro Acebes insistió en que la reforma propuesta tiene
como objetivo garantizar la independencia y la profesionalidad de
los jueces y aseguró que se puede ahondar en este sentido, por
ejemplo, haciendo que 500 jueces, que ahora no son profesionales lo
sean».
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