El president del Govern, Francesc Antich, reclamó ayer, durante la
visita a la Fira de Sant Joan, la «retirada de la política de todas
las personas implicadas en el 'caso Formentera'» en relación al
informe en el cual se descubre la estrategia de cómo captar votos
de los inmigrantes sudamericanos para las elecciones autonómicas y
municipales de 1999.
Aunque el president Antich hizo una llamada a la prudencia,
«porque debe ser únicamente el juzgado quien dicte la sentencia,
después de que la comisión de investigación aporte las pruebas
oportunas», quiso manifestar que «de confirmarse las pruebas,
estaríamos ante uno de los atentados más graves contra la
democracia, ya que se han hecho artimañas con la utilización de los
fondos públicos».
Antich añadió que «el año 1999 tuve la ocasión de tener en mis
manos una carta que nos indicaba todo lo que estaba ocurriendo».
«Es decir, un interés por conseguir votos a través de actuaciones
raras. Se está confirmando aquello que ya pasó en Argentina,
circunstancia que constituye un grave atentado», subrayó el
president balear.
Según publicó ayer «Diario de Mallorca», el Govern presidido por
Jaume Matas contrató a dos emigrantes que exigieron dinero a cambio
de votos. La Conselleria d'Indústria que dirigía Josep Juan Cardona
pagó sueldos a varios sudamericanos que, según el «informe Mapau»,
exigieron al Ejecutivo de Matas compensaciones económicas para
captar votos.
En concreto, Antoni Mas, responsable de la Casa Balear de Buenos
Aires, fue contratado por el Instituto Balear de Desarrollo
Industrial. Asimismo, el Govern contrató al abogado Juan Manuel
Mercant, quien, según el «informe Mapau», «quizás fuera la persona
ideal para ser nuestro contacto político en Montevideo». Esta
operación tenía por objeto, según los documentos difundidos,
multiplicar los votos del PP en el exterior.
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