El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) estimó el
recurso del ciudadano británico Raymond Wells en contra de una
reclamación económica de la Agencia Tributaria, que había fijado
una base imponible de 200 millones de pesetas tras un peritaje
realizado por un cabo primero de la Guardia Civil. El Alto Tribunal
no dio credibilidad al peritaje sobre la embarcación en la que
habitualmente reside el apelante y acordó la retroacción del
procedemiento de inspección al momento «inmediatamente anterior a
aquel en que debió procederse a la valoración del barco».
Constituyó el objeto del recurso la desestimación de la
reclamación económica administrativa interpuesta contra la
resolución de la Agencia Tributaria de fecha 30 de mayo de 1996 por
medio de la cual se confirmaba el acta de inspección. La cuantía se
fijó en 51.636.713 pesetas. En Maó, funcionarios del Servicio de
Vigilancia Aduanera emitieron acta de constancia de hechos por
infracción tributaria a la Ley de Impuestos Especiales relativa a
la embarcación denominada «Mauna Loa», de bandera británica
propiedad del demandante Raymond Wells. En Alcúdia, agentes de la
Guardia Civil levantaron en 1996 un acta de constancia de hechos
que determinó que la embarcación «se encuentra siempre en aguas de
Balears».
Según afirmó Wells, como vive a bordo del barco cree que no
necesita permiso de residencia. También, el apelante alegó que la
actuación inspectora infringió el Reglamento general de inspección
de tributos al entrar en su barco sin autorización judicial y adujo
que la valoración de la embarcación fue «disparatada y
excesiva».
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