JOAN MASCARELL/J.M. ¿Por qué si no era una reforma que resolvía los
problemas de Son Dureta se tardó tanto tiempo en rectificar hasta
el punto que se llegaron a adjudicar las obras? ¿Por qué una y otra
vez se presentó el proyecto? ¿Pudieron las prisas, por la presión
política y social, a una reforma que iba a ser ineficaz? Éstas son
algunas de las preguntas que ayer circulaban por la Conselleria de
Sanitat i Consum y por el sector sanitario de las Islas después de
que el director general del Insalud, Josep Maria Bonet, anunciara
el jueves la marcha atrás del proyecto y la búsqueda de una nueva
reforma que resuelva los problemas estructurales y funcionales de
futuro del hospital «insignia» de Balears.
La consellera de Sanitat i Consum, Aina Salom, momentos antes de
entrar en el Fòrum de Salut Mental que se reunió ayer tarde, no
escondía su malestar e incluso su 'cabreo' tanto como usuaria y
ciudadana de las Islas como política. Y, al respecto, Salom exigió
que se depuren responsabilidades en el ámbito balear de «personas y
gestores» que «durante años nos han vendido las excelencias de la
reforma» y permitieron que la situación llegase tan lejos. No dio
nombres pero toda mirada se dirigía hacia la dirección territorial
del Insalud y su máximo responsable, Javier Rodrigo de Santos,
quien, si llegó a la reunión del foro, al menos no lo hizo
puntualmente.
Salom señaló que «no nos merecemos» el nuevo retraso en la
reforma de Son Dureta, dijo no tener palabras para calificar este
nuevo hecho, mostró su preocupación y exigió que la nueva reforma
se afronte de la forma más rápida posible y sin escatimar costes.
Y, por último advirtió que no van a aceptar las competencias del
Insalud si no se prevé el coste de la reforma de Son Dureta.
A este tema se refirió también ayer el portavoz del Govern,
Antoni Garcias, tras la reunión del Consell de Govern. No dudó en
calificar de «lamentable» que el Insalud haya decidido suspender la
segunda fase del plan director de Son Dureta. «El ex ministro Romay
Beccaría presentó el proyecto, presupuestado en unos 11.000
millones, poco antes de las elecciones; la promesa ya no tiene
ningún valor», cuestionó el portavoz del Govern, quien anunció que
el gabinete autonómico planteará «una alta protesta» ante la falta
de inversiones sanitarias.
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