27/04/01 0:00
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J. J. S.
En una semana marcada por las polémicas declaraciones del Rey Juan Carlos sobre el uso del castellano, el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la directora general de Política Autonómica, Isabel Benzo, ha hecho llegar al Govern de las Illes Balears un escrito de observaciones y cuestiones competenciales al proyecto de ley autonómica de comercio. Entre los aspectos criticados por la directora de Política Autonómica se encuentra precisamente el del uso de la lengua catalana en los establecimientos comerciales de las Islas. Cabe recordar, en este sentido, que el proyecto de ley establece la obligatoriedad de poder atender en catalán a todos aquellos comercios con más de tres trabajadores contratados.

El escrito de Isabel Benzo, (dirigido concretamente al director general de Relaciones con el Parlament y Coordinación Normativa, Valentí Valenciano) no cuestiona el derecho a usar alguna de las dos lenguas oficiales de Balears, pero sí cuestiona la posibilidad de «imponer el uso de una de ellas en las relaciones jurídico-privadas, ya que, como deber, la Constitución nada más que regula el deber de conocer el castellano». A continuación, la directora de Política Autonómica recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que no reconoce el deber de conocer las lenguas cooficiales con el castellano, «sin que esta circunstancia se pueda considerar discriminatoria». Como mínimo, Isabel Benzo considera «controvertida» la obligación del vendedor de usar una determinada lengua, en este caso la escogida por el cliente.

Si en lo que se refiere a la lengua las observaciones del Ministerio de Administraciones Públicas, con Jesús Posada al frente, son de carácter constitucional, las restantes plantean conflictos competenciales con el Estado en lo que se refiere a legislación civil o mercantil. Este es el caso de la regulación de obsequios y regalos como pago de intereses y la adquisición de bienes o productos puestos a disposición del consumidor por entidades financieras.

El Ministerio pide al Govern que tenga en cuenta las «reflexiones» en la tramitación
La directora general de Política Autonómica recomienda al Govern balear que tenga en cuenta estas «reflexiones» durante la oportuna tramitación parlamentaria del proyecto de ley, apelando a «la voluntad de colaboración que siempre ha existido en las relaciones entre las respectivas Administraciones». De esta manera el proyecto de normativa, impulsado por el vicepresident del Govern y conseller d'Economia, Comerç i Indústria, Pere Sampol, recibe una primera advertencia seria por parte de Madrid. Es previsible que la ley de comercio autonómica sea recurrida por el Gobierno central si esta se aprueba definitivamente en sus términos actuales en el Parlament de las Islas.