El ex conseller d'Agricultura Pere J. Morey era el primero que
debía declarar sobre la compra de este inmueble, pero justificó su
ausencia y deberá comparecer el próximo día 13.
Fernando Lozano indicó que la Ley de Patrimonio contempla una
serie de especificidades "que no determinó" que permiten a una
administración realizar una compra sin recurrir concurso. No
obstante, reconoció que, sin duda, habría sido mejor realizar la
adquisición por concurso. «Si yo hago eso (la compra) en mi
empresa, seguramente me echan», llegó a decir Lozano a los miembros
de la comisión de investigación.
Alejo Reynés Corbella, arquitecto del Govern, certificó que el
precio del inmueble se ajustó al precio del mercado, aunque en este
aspecto existen contradicciones ya que hay otras valoraciones
económicas.
El tercero en comparecer en la comisión de investigación fue
Domingo Ferrari Mesquida, secretario general técnico también con
Gabriel Cañellas, quien aseguró no tener nada que ver con la
polémica compra, aunque sí certificó las obras que realizaron
posteriormente. Una vez comprado el edificio de la calle Foners, se
realizaron reformas por valor de 110 millones de pesetas y después
aún se realizó otro contrato complementario de 20 millones de
pesetas más. El conseller Pere J. Morey encargó que se ejecutarán
estas últimas mejoras.
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