Un total de nueve asociaciones y organizaciones agrarias de
Mallorca crearon ayer una plataforma durante una reunión celebrada
en el Casal Pere Capellà de Algaida para intentar solucionar los
problemas laborales a los que tiene que hacer frente el sector.
Así, los representantes de Agroilla, Fruita Bona, Ucabal, Illa
Camp, Son Mesquida SAT, Agro Mallorca, Agro Llevant y Unió de
Pagesos suscribieron un documento conjunto en el que, entre otras
cosas, se pide a la Administración que se facilite al sector la
contratación de inmigrantes con papeles ya que, en la actualidad,
«es difícil encontrar trabajadores regularizados y las cosechas
tienen que recogerse así que tenemos que acudir a los que están en
proceso de tramitación para no perderlas».
En este sentido la plataforma pide también a la Delegación de
Gobierno que acelere el proceso de regulación y que, en la medida
de lo posible y siempre que no haya denuncia explícita, no se
realicen inspecciones con objeto de no criminalizar al payés ante
la opinión pública. El objetivo de las asociaciones es, según su
portavoz, Joan Joan Moll, gerente de Agroilla, «ser prudentes y
apostar por la vía del diálogo y la negociación». A lo largo de la
reunión se oyeron voces que pedían adoptar medidas más contundentes
y buscar apoyos en los partidos políticos «afines a la causa». Sin
embargo, esta corriente de opinión fue ampliamente superada por los
agricultores, con el gerente de Agroilla a la cabeza, que abogaron
por «huir de las protestas y limitarse a crear una plataforma de
profesionales que dialoge con la Administración».
La decisión de crear un frente común entre las organizaciones
agrarias surgió tras las inspecciones llevadas a cabo por la
Policía Nacional en explotaciones agrícolas de Inca y la carretera
vieja de Sineu. Desde el sector se considera que la actividad
necesita contratar inmigrantes para poder subsistir ya que los
trabajadores «autóctonos» prefieren dedicarse a actividades menos
sacrificadas y mejor pagadas. Los portavoces de la iniciativa no
quisieron pronunciarse sobre las sanciones penales que se le puede
imponer al empresario hortofrutícola, el mayor de la Isla, que
según las denuncias de diez de sus trabajadores «explotaba
laboralmente» a los inmigrantes.
Las quejas de las organizaciones agrícolas se refieren a la otra
tramitación, la administrativa, resultante de esa inspección ya que
las fuerzas de seguridad detectaron a 23 personas indocumentadas,
dos de ellas menores de edad. Unió de Pagesos garantizó que esos
inmigrantes estaban incluidos en las listas que presentó a Treball
y que, por tanto, estaban en pleno proceso de regularización. De
hecho las demandas del sector en los últimos días, incluso de las
asociaciones que no suscribieron el documento presentado ayer, se
centran en una «lectura flexible de la ley de extranjería».
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