P. Candia11/07/01 0:00
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La acusación particular en el «caso Bitel» denunció ayer la desaparición de una prueba considerada «clave» en la instrucción de la causa, como es la orden técnica que motivó el «redireccionamiento» del correo de Presidencia del anterior Govern presidido por Jaume Matas. El abogado de la defensa, Rafael Perera, en cambio minimizó ese hecho y dijo que ante las pocas novedades aportadas «lo que procede es el archivo de la causa». El juez que investiga el supuesto delito de espionaje electrónico en el que habría incurrido el anterior Ejecutivo tomó declaración ayer a los técnicos de Bitel, Esteban Luengo y Josep Lluis Vidal, al técnico en informática del Govern, Gabriel Buades y al ex presidente de la Comisión de Urbanismo del Consell Insular de Mallorca, Francesc Quetglas.

El fiscal del caso, Miguel Angel Anadán, tuvo una activa participación en las declaraciones y se mostró muy interesado por el documento que enseñó Jaume Matas en el pleno del Parlament, y que, según la acusación, había obtenido del correo de Quetglas. Dieguez afirmó, una vez conocido el alcance de las declaraciones, que «hoy hemos sabido» que ha desaparecido la orden que recibió un empleado de la empresa Bitel, Esteban Luengo, en la que se explicaba que se debía desviar el correo electrónico de Presidencia del Govern hasta una nueva dirección a causa del cambio de dominio.

Diéguez aseguró que «se ha ocultado el contenido exacto de la orden que se envió por correo electrónico a Luengo para llevar a cabo el redireccionamiento». «Si ha desaparecido esta orden es porque alguien, voluntariamente, la ha hecho desaparecer», afirmó Diéguez, quien consideró que este texto es «importantísimo» para conocer si el traspaso de información electrónica del Consell de Mallorca a Presidencia del Govern fue un simple error coyuntural o si hubo intencionalidad para servirse de la misma desde el punto de vista político.

Como el tema informático es complicado «y para que la gente lo entienda, aquí tenemos un teléfono pinchado y una conversación grabada», en alusión a su representado, Francesc Quetglas, quien declaró ante el juez y le entregó el disquete de un documento del PSOE que fue enviado al correo electrónico de la gerencia de Urbanismo del Consell mallorquín antes de las pasadas elecciones autonómicas y que, después, también se encontró en el disco duro de un ordenador de Presidencia del Govern balear. Mientras tanto, uno de los abogados de la defensa de este caso, Rafael Perera, manifestó que la declaración de tres empleados de la empresa Bitel -que prestaba los servicios de correo electrónico al Govern-, «nos lleva a la conclusión de que no ha habido nada irregular».