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Finalmente Maria Antònia Munar ha decidido mover lo que en principio era inamovible y ha aceptado excluir la construcción de viviendas de protección oficial de la moratoria que promueve su partido. El consenso se hace necesario para que esta moratoria salga adelante. La concesión que hace Munar va acompañada de un cupo de 1.600 viviendas de protección oficial al año porque no se trata de dejar abierta una puerta por la que se pueda colar un número indefinido de licencias de construcción.

Esta concesión en beneficio del consenso podría, sin embargo, acarrear problemas jurídicos a la moratoria y por esa razón es necesario disponer de informes que avalen la conveniencia de esa exención. Anteriores reveses judiciales recomiendan máxima cautela. Esta quinta moratoria urbanística para Mallorca no será la última. El Govern ya prepara la sexta, que incluirá las actuaciones en suelo rústico, con lo que va más allá de las pretensiones del Consell. Las moratorias anteriores han servido para poco y las grúas han seguido su avance imparable. Se espera que ahora el freno sea más efectivo.

Algo es algo y, aunque por ahora hay construcción para cuatro años con las licencias ya concedidas, quizá entonces pueda regularse el crecimiento urbanístico de la Isla con el futuro Plan Territorial, de una vez por todas. Las guerras son innecesarias en torno a una moratoria y entre los partidos del Pacte no puede haber fisuras por esta causa. Si de lo que se trata es de proteger el territorio, lo mismo da que lo hagan los unos que los otros. Que protejan entre todos y abandonen rivalidades políticas que no conducen a nada, más que a desgastar al propio Pacte. Habrá pleno en el Consell el día 26 de julio y será una buena noticia para Mallorca que, por fin, se apruebe la moratoria.