La patronal CAEB y las federaciones y asociaciones empresariales
del sector de la construcción y afines piden al Govern que se
anulen la norma territorial cautelar y la modificación de las
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) del Govern, ya que
en caso contrario «por la inseguridad jurídica latente que se vive
en estos momentos se generará una crisis en la economía balear por
el cierre de empresas del sector de la construcción y el
consiguiente aumento del paro», según indicaron ayer el presidente
de la CAEB, Josep Oliver, y el presidente de los promotores
inmobiliarios, Juan Matemalas, en la presentación de sus dos
alegaciones contra estas normas.
En sus alegaciones, la patronal CAEB solicita al Ejecutivo
autonómico que anule la modificación de las DOT y que inicie el
proceso de revisión en colaboración con los consells, con un claro
mensaje al Parlament balear para que no apruebe este proceso
modificador del Govern «por los efectos negativos que va a tener en
la economía balear ante la gran inseguridad jurídica que se está
generando, máxime cuando en los últimos cuatro años se han
promulgado 14 normas urbanísticas».
En la rueda de prensa para presentar las alegaciones estaba
presente el abogado responsable de las mismas, José María Mohedano,
quien criticó duramente ambos proyectos por considerar que
«vulneran y desnaturalizan el derecho de propiedad, crean
inseguridad jurídica y elevan el precio de la vivienda». Entre sus
argumentaciones, el jurista consideró que una política de
conservación del medio ambiente y de contención de la presión
humana sobre el territorio «debe hacerse sin vulnerar los
principios de seguridad jurídica ni los derechos de los
afectados».
Mohedano definió la moratoria como «anticipatoria del contenido
de lo que serán las DOT, pero lo más grave es que el Consell de
Govern, que inicialmente aprobó la norma cautelar, no es el
competente para aprobar definitivamente esta norma porque
corresponde hacerlo al Parlament». Respecto a la inseguridad
jurídica, indicó que rigen en Mallorca tres normas territoriales
cautelares lo que «atenta contra la legislación que contempla la
aplicación de una sola norma con el mismo contenido en un mismo
ámbito territorial durante cinco años».
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