La patronal Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), por
intermedio de su presidente, Felipe Navío, fijó su postura en torno
al debate sobre la petición del Govern de declarar las rutas aéreas
de interés público. «Nosotros hemos dicho que establecer
obligaciones de servicio público y que lleve aparejado que se
produzca una adjudicación única, y que haya, por tanto, un solo
operador en Balears, nos parece que es ir en contra del espíritu
del libre mercado, de la competencia, que se ha demostrado que es
más ventajosa para el ciudadano», dijo Navío a Ultima
Hora . «Si las obligaciones de servicio público significan
que pueden permitirse el concurso de la realización de las rutas
por varios operadores», añadió, «entonces, no tenemos nada que
objetar. Pero siempre y cuando quede claro que debe de permitirse
que estas obligaciones admitan la concurrencia de otras
compañías».
El presidente de AECA indicó que «nuestro planteamiento, en
definitiva, es que haya dinero público para fijar niveles de
calidad, sean los vuelos realizados por una, dos o cinco compañías.
Ese nivel de calidad estaría fijado por la propia comunidad
autónoma balear, o el Gobierno central, que vigilarían el correcto
uso de ese dinero público». Un planteamiento similar emplea el PP
en torno a este tema. Los conservadores consideran que negociar con
las aerolíneas el mantenimiento de determinadas frecuencias es una
opción «más inteligente» que pedir la declaración de vuelos de
interés público, ya que esta medida beneficiaría a una sola empresa
adjudicataria y perjudicaría al resto. Señalan que «mantener
conversaciones con estas empresas es más inteligente que ir
amenazándolas con el argumento de que declarar de interés público
determinados enlaces conlleva un concurso público y, por tanto, una
sola adjudicataria con derecho a explotar estas conexiones.
Navío recordó que la polémica abierta en Balears sobre las rutas
aéreas coincide con una crisis de grandes proporciones en el sector
aeronáutico, y que éste es un factor a tener en cuenta. «Estamos a
la espera de los resultados de los contactos que estamos
manteniendo con el Ministerio de Economía y Hacienda con el
objetivo de adoptar medidas de tipo estructural y otras derivadas
de la crisis», dijo. «Hemos presentado propuestas, análisis, y
esperamos que en la próxima semana se produzca alguna decisión
sobre este tema. Sabemos que las circunstancias son adversas y las
empresas están aguantando todo lo que pueden para evitar
regulaciones de empleo».
El directivo precisó que la meta principal de AECA «es no
recurrir, en la medida de lo posible, a las regulaciones de
empleo». «La merma de ocupación en los aviones, los extracostes de
los seguros están colocando a algunas compañías aéreas, en función
de su estructura de red, de rutas, personal, en una situación
complicada. Representantes del ministerio nos están haciendo llegan
mensajes en el sentido de que están estudiando nuestros
planteamientos. Algunos lo ven razonable, y otros, los han derivado
a otros ministerios», subrayó.
Propuestas del Govern para afrontar la difícil situación
aeronáutica
El president del Govern de les Illes Balears, Francesc Antich, el
vicepresident y conseller d'Economia, Comerç i Indústria, Pere
Sampol, y el conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transport,
Francesc Quetglas, expondrán mañana el alcance de las medidas
adoptadas por el Ejecutivo para afrontar la actual situación
aeronáutica. Los temas que se abordarán están relacionados con el
incremento de las tarifas aéreas, las anunciadas disminución de las
frecuencias en la programación de invierno de las compañías y la
subida de las tasas aeroportuarias por parte de Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA). Según el Govern, «en ese
sentido, está demostrada la fuerte sinergia entre la actividad
aeronáutica y el desarrollo económico y social de les Illes
Balears, donde los aeropuertos son una vía primordial para
facilitar el transporte de personas y mercaderías con el
continente». El Ejecutivo autonómico, en todo caso, acusa al
Gobierno central de «discriminar» a los ciudadanos de Balears al no
conceder la declaración de interés público a los vuelos insulares,
y cita el caso de Canarias, que ya disfruta de esa condición desde
1998. En dos ocasiones, la Administración central ha negado la
petición realizada desde Balears.
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