TONI LIMONGI28/10/01 0:00
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Los alumnos de secundaria y bachillerato de Balears protagonizaron el jueves pasado una manifestación en contra de la reforma educativa del Gobierno y la futura Ley de Universidades. Tal y como se ha visto en otras comunidades autónomas del país, una gran parte de los estudiantes españoles no está de acuerdo con los planes del Ejecutivo. Àlex Perez Rosselló cursa segundo de bachillerato y es presidente de la junta de delegados del instituto Arxiduc Lluií Salvador. Está totalmente en contra de la reforma porque «supone una selección entre los alumnos en tres categorías: tontos, normalillos y listos. Fomenta una separación muy injusta entre el alumnado».

«Esta separación se efectúa a los 14 años, justo al finalizar ESO, y supone que a esta edad tienes que decidir tu futuro. Una persona a esa edad aún puede cambiar de opinión. O te vas a trabajar, o vas a formación profesional o te preparan para la universidad. Es un criterio demasiado selectivo», opina Andreu Bió, del Sindicat d'Estudiants de les Illes Balears. Otra de las objeciones suscritas por el alumnado es el examen de reválida y la prueba de acceso a la universidad: «Hacer dos exámenes nos parece abusivo y discrimatorio. Jugarse todo el bachillerato a un solo examen es una barbaridad. Además, no es justo que cada universidad haga una prueba de ingreso», puntualiza.

El responsable del Sindicat d'Estudiants, Carlos Seda, es más categórico: «La manifestación del jueves es sólo un aviso de lo que vendrá los próximos días 7 y 13 de noviembre». Los principales sindicatos, UGT y CCOO, han convocado la protesta, en la que participarán las asociaciones de padres de alumnos y los profesores. «Pese a todo, quiero decir que todo se hará siempre de forma pacífica. Las juventudes del Partido Popular han dicho que la ley aún no está escrita, pero nosotros ya damos por hecho que se hará tal y como está planeada». Uno de los temas más comentados y que más irrita a los alumnos es el de la baja dotación de recursos para la educación pública. «España es el segundo país de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia, que menos recursos destina a la educación. Exigimos un 7 % del PIB para la educación y la retirada de toda prueba de selección para poder ir a la universidad», puntualiza Seda.