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La mayoría de letrados que ejercen en Balears coincidió en deplorar la trascendencia pública que ha tenido el roce registrado entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con respecto al importe de la cuantía de una indemnización por la intromisión en el honor de Isabel Preysler. El Constitucional corrigió una sentencia de la Sala de lo Civil del Supremo que rebajaba de 10 millones a 25.000 pesetas un fallo de una instancia inferior y le obligó a elevar nuevamente la condena hasta los 10 millones de pesetas. El Supremo acusó al Constitucional de «vulnerar la ley» en la indemnización a la ex esposa de Julio Iglesias, y ambos tribunales se acusaron de «negligencia» en el tema.

El decano del Colegio de Abogados de Balears, Lorenzo Ros, afirmó que las instituciones «pueden defender planteamientos diferentes», aunque matizó que la sentencia sobre la intromisión en el honor de Isabel Preysler «no me ha interesado y por eso he seguido el caso muy de lejos». Ros afirmó: «Los tribunales son libres, ninguno está sujeto a otro y se pueden registrar discrepancias, como ha ocurrido en infinidad de ocasiones, y esto es, precisamente, la grandeza de esta profesión».

El abogado Rafael Perera, ex magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), calificó de «dislate» y «barbaridad» que el Tribunal Constitucional haya corregido la cuantía de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que calificó «máximo órgano» decisorio en estas cuestiones.

El abogado Carles Perelló, por su parte, señaló: «Los tribunales, en principio, y legalmente, tienen perfectamente definidas sus competencias. Ni una ni otra deben solaparse y aunque a veces se produzcan puntos de fricción entre distintas jurisdicciones, no es extraño. Ello ocurre, a veces, en el ámbito de la jurisdicción civil, la administrativa, laboral, que discrepan. Pero claro, cuando se registran esas diferencias de criterio a tan alto nivel, desde luego, creo que son perjudiciales para la propia imagen de la Justicia». Perelló admitió que no conocía «a fondo» el tema que enfrentó al Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional sobre la cuantía de una indemnización que mereció interpretaciones distintas. «No obstante», precisó, «no será la primera ni la última vez que ambas jurisdicciones discrepan. Creo que el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación muy amplia de lo que son sus funciones como garante de lo que son derechos fundamentales. Y a veces el Supremo ha visto modificadas algunas sentencias en sus fundamentos de derecho o en sus fundamentos jurídicos, y no siempre ha sentado bien».

Un abogado de la nueva generación de profesionales del Derecho, Tirso Tarragó, opina sobre la sentencia de Isabel Preysler que: «Parece extraño que dos órganos de ese calibre (El Supremo y el Constitucional) manifiesten sus discrepancias en un tema como la indemnización por intromisión en el honor de las personas. Creo que cuestiones como esa no benefician a la imagen de la Justicia ante la opinión pública». Tarragó, no obstante, quiso dejar claro que él no podía entrar en el fondo del asunto debido al desconocimiento que tiene sobre el contenido de la sentencia.

El letrado Antonio Diéguez dijo que el Tribunal Constitucional «es un tribunal judicial, realmente, es decir, no forma parte del Poder Judicial entendido como tal», y añadió: «Han habido otros antecedentes sobre estas discrepancias, y no es la primera vez que quedan de manifiesto discrepancias». En los orígenes del caso comentado por los abogados que ejercen en Balears, el Supremo había revocado la indemnización de 10 millones de pesetas otorgada a Isabel Preysler por la Audiencia de Barcelona, que había estimado que una serie de reportajes publicados por «Lecturas», sobre relatos de una empleada de hogar de Preysler, vulneraba la intimidad de ésta. «Las discrepancias entre ambos órganos jurisdiccionales han hecho daño a la imagen de la Justicia», dijeron los abogados.