La mayoría de letrados que ejercen en Balears coincidió en deplorar
la trascendencia pública que ha tenido el roce registrado entre el
Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con respecto al
importe de la cuantía de una indemnización por la intromisión en el
honor de Isabel Preysler. El Constitucional corrigió una sentencia
de la Sala de lo Civil del Supremo que rebajaba de 10 millones a
25.000 pesetas un fallo de una instancia inferior y le obligó a
elevar nuevamente la condena hasta los 10 millones de pesetas. El
Supremo acusó al Constitucional de «vulnerar la ley» en la
indemnización a la ex esposa de Julio Iglesias, y ambos tribunales
se acusaron de «negligencia» en el tema.
El decano del Colegio de Abogados de Balears, Lorenzo Ros,
afirmó que las instituciones «pueden defender planteamientos
diferentes», aunque matizó que la sentencia sobre la intromisión en
el honor de Isabel Preysler «no me ha interesado y por eso he
seguido el caso muy de lejos». Ros afirmó: «Los tribunales son
libres, ninguno está sujeto a otro y se pueden registrar
discrepancias, como ha ocurrido en infinidad de ocasiones, y esto
es, precisamente, la grandeza de esta profesión».
El abogado Rafael Perera, ex magistrado de la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), calificó
de «dislate» y «barbaridad» que el Tribunal Constitucional haya
corregido la cuantía de una sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, que calificó «máximo órgano» decisorio en estas
cuestiones.
El abogado Carles Perelló, por su parte, señaló: «Los
tribunales, en principio, y legalmente, tienen perfectamente
definidas sus competencias. Ni una ni otra deben solaparse y aunque
a veces se produzcan puntos de fricción entre distintas
jurisdicciones, no es extraño. Ello ocurre, a veces, en el ámbito
de la jurisdicción civil, la administrativa, laboral, que
discrepan. Pero claro, cuando se registran esas diferencias de
criterio a tan alto nivel, desde luego, creo que son perjudiciales
para la propia imagen de la Justicia». Perelló admitió que no
conocía «a fondo» el tema que enfrentó al Tribunal Supremo con el
Tribunal Constitucional sobre la cuantía de una indemnización que
mereció interpretaciones distintas. «No obstante», precisó, «no
será la primera ni la última vez que ambas jurisdicciones
discrepan. Creo que el Tribunal Constitucional ha hecho una
interpretación muy amplia de lo que son sus funciones como garante
de lo que son derechos fundamentales. Y a veces el Supremo ha visto
modificadas algunas sentencias en sus fundamentos de derecho o en
sus fundamentos jurídicos, y no siempre ha sentado bien».
Un abogado de la nueva generación de profesionales del Derecho,
Tirso Tarragó, opina sobre la sentencia de Isabel Preysler que:
«Parece extraño que dos órganos de ese calibre (El Supremo y el
Constitucional) manifiesten sus discrepancias en un tema como la
indemnización por intromisión en el honor de las personas. Creo que
cuestiones como esa no benefician a la imagen de la Justicia ante
la opinión pública». Tarragó, no obstante, quiso dejar claro que él
no podía entrar en el fondo del asunto debido al desconocimiento
que tiene sobre el contenido de la sentencia.
El letrado Antonio Diéguez dijo que el Tribunal Constitucional
«es un tribunal judicial, realmente, es decir, no forma parte del
Poder Judicial entendido como tal», y añadió: «Han habido otros
antecedentes sobre estas discrepancias, y no es la primera vez que
quedan de manifiesto discrepancias». En los orígenes del caso
comentado por los abogados que ejercen en Balears, el Supremo había
revocado la indemnización de 10 millones de pesetas otorgada a
Isabel Preysler por la Audiencia de Barcelona, que había estimado
que una serie de reportajes publicados por «Lecturas», sobre
relatos de una empleada de hogar de Preysler, vulneraba la
intimidad de ésta. «Las discrepancias entre ambos órganos
jurisdiccionales han hecho daño a la imagen de la Justicia»,
dijeron los abogados.
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