Los juristas se quejan de la excesiva pasividad que las
administraciones públicas demuestran a la hora de actuar con
contundencia para defender el medio ambiente. Esta fue una de las
ideas que quedaron claras en el foro de debate de las Jornadas
sobre Medio Ambiente que la Asociación de Juristas de las Illes
Balears celebra este fin de semana en Alcúdia. Fue el magistrado
del Tribunal Constitucional Tomás Vives el que cuestionó los
procedimientos legales que se siguen para vigilar el cumplimiento
de la legislación medio ambiental.
Vives considera que se está usando menos derecho penal del
necesario para defender el medio ambiente y que se usa mal. En este
sentido plantea que «la vía penal no puede ser la primera ratio.
Los jueces no podemos asumir lo que la administración no hace». De
esta manera dejó entrever que las administraciones deberían actuar
haciendo cumplir la ley antes que esperar que la justicia actue de
oficio. «Lo primero que se tiene que conseguir es que la
administración funcione. No puede encogerse de hombros y esperar
que el derecho penal solucione los problemas», dijo Vives.
En este debate también participaron el jefe de los servicios
jurídicos del Govern, Pere Aguiló, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal y Antonio Vercher,
fiscal del Tribunal Supremo. Todos ellos destacaron el fuerte
desarrollo que ha experimentado la elaboración de jurisprudencia en
favor de la protección del medio ambiente. A pesar de esta cantidad
de armas legales los especialistas en derecho dejaron constancia de
que, en muchos casos, los textos legales no dejan bien resueltos la
definición de los delitos contra el medio ambiente.
En esta línea también se planteó precisamente los problemas que
genera la normativa existente ya que tanto la Administración
central como las autonómicas tienen potestad para legislar en
materia de medio ambiente. Esta multiplicidad, según Tomas Vives,
puede vulnerar el principio de igualdad expuesto en la
constitución. Esta diversidad de regulaciones implica que
determinadas conductas sean delictivas en unas regiones y en otras
no. La falta de voluntad política para actuar se volvió a sacar a
la luz por la tarde en el debate que protagonizaron la consellera
de Medi Ambient, Margalida Rosselló, el activista de Greenpeace,
Xavier Pastor y el abogado Pedro Pablo Marrero.
Rosselló reconoció que los políticos adoptan las propuestas
medioambientales «de forma cosmética» pero que no llegan a
aplicarlas. Defendió que existe un importante vacío en las Islas en
materia de legislación ambiental y que las leyes estatales
existentes son en muchos casos obsoletas. También señaló que la
administración autonómica aún no dispone de los recursos
suficientes para aplicar estas leyes.
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