El juez instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat,
interrogó ayer a dos testigos, Ignacio Deyá y Marilena Jover, en la
investigación que desarrolla para conocer si hubo prevaricación en
la contratación de Maria Pau Segura, la supuesta coautora de los
informes vinculados a emigrantes de Balears en Argentina y
Uruguay.
Las circunstancias que rodearon la contratación del personal que
prestó sus servicios en el departamento de Promoción Comercial,
acapararon el interés del magistrado y las partes personadas en la
causa que investiga en el Tribunal Superior de Justícia de Balears
(TSJB) la supuesta trama organizada por el PP para incrementar de
forma artificial, supuestamente, el censo electoral en
Formentera.
Promoción Comercial, departamento dependiente del Instituto
Balear de Desarrollo Industrial (IBDI), creó en 1998 tres nuevas
plazas, una de ellas ocupada por Maria Pau Segura. Uno de los
requisitos para acceder al puesto de traductora era el dominio del
idioma ruso, cuestión que sólo pudo acreditar, en parte, Maria Pau
Segura, que ha admitido la irregularidad administrativa que el
anterior Govern del PP cometió al contratarla sin una entrevista
previa. Deyá representaba en el consejo de administración el IBDI a
la Conselleria d'Economia i Hisenda y Jover a Presidència. Ambos
respondieron a la mayoría de preguntas aduciendo que «no
recordaban» los hechos por los que eran interrogados por el
magistrado y las partes personadas.
El juez investiga la comisión de varios delitos, entre ellos,
una posible falsedad en cuanto a la entrevista que se realizó para
la contratación de Segura; una posible prevaricación en su
contratación; una posible malversación de caudales públicos y un
posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. La
tercera persona citada ayer, Juan Sastre, no se presentó ante el
juez al alegar que no había recibido la pertinente
convocatoria.
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