A muchos el programa electoral del Partido Popular les cautivó
por sus promesas de honestidad y por sus más pragmáticas
aseveraciones de que bajarían los impuestos. Quizá por eso la
'operación gasolina' se ha hecho de forma encubierta, turbia y
torticera, en un consejo en el que el PP tiene mayoría y con el
voto en contra de los socialistas.
Cuando la negociación de los Presupuestos del Estado para el
próximo año aún no se ha cerrado, el Gobierno introduce esta
novedad para "dice" ceder los beneficios a las comunidades
autónomas que tienen transferidas las competencias en Sanidad,
cuando lo que debería hacer es dotar las competencias
convenientemente porque en eso consiste garantizar la calidad
asistencial de los ciudadanos. Y encima les «cede» la posibilidad
de incrementar esta subida en años venideros, un auténtico «regalo
envenenado» para las autonomías.
Por lo demás, como era de esperar, se han llevado las manos a la
cabeza los transportistas, los agricultores y los taxistas, aunque
está claro que cuatro pesetas por litro de gasolina "ya soporta un
65% de carga impositiva" afectan a todo hijo de vecino. Si el
Ejecutivo necesita dinero para financiar la Sanidad, como parece
que ocurre, y si las previsiones de recaudación no se cumplen como
estaba previsto "más ahora, que se augura una ralentización de la
economía", lo que tiene que hacer es adaptarse a las nuevas
previsiones y aplicar el principio de quitarle más al que más
tiene, es decir, a través del impuesto sobre la renta, que deja
bien a las claras quién paga y por qué.
De esta otra forma volveremos a pagar todos, qué remedio nos
quedará, pero saldrán más gravemente perjudicados sectores que ya
han sufrido lo suyo y que dependen directamente de los carburantes
para sobrevivir.
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