Los sindicatos acusan al Govern de «prepotencia» y falta de diálogo

Los representantes sindicales denunciaron ayer «el descarado incremento de plazas de libre designación» que propone la Conselleria d'Interior y sostienen que es una prueba más de que «los políticos han hecho de la función pública un chiringuito al servicio de intereses partidistas», según palabras de María José Rodríguez del CSIF.

Por su parte Sebastià Serra, en representación del STEI-i, manifestó que la Conselleria actúa de «manera prepotente» al intentar sacar adelante «siempre de forma unilateral», la reforma del catálogo de puestos de trabajo de la CAIB sin contar con la opinión de los agentes sociales.

Tal y como explicó Francesc Lillo, representante de CC OO, «existe una idea generalizada de que ni en tiempos del PP se trataba con tanto menosprecio a los representantes sindicales presentes en la Mesa General de Negociació».

Politización de los cargos de libre disposición
María José Rodríguez, del CSIF, criticó que actualmente el 80 por ciento de los jefes de servicio se eligen como cargos de libre designación, lo cual quiere decir, según Rodríguez que «la mayoría de los responsables de departamento están sujetos a la eventualidad política del momento y todo lo que ello significa». Los representantes sindicales anunciaron que, por las mismas razones básicas, no asistirán hoy a la Mesa Sectorial de Sanidad. De hecho los sindicatos también reprocharon el incremento de plazas abiertas a otras administraciones que suponen un agravio comparativo para los funcionarios de la CAIB. Según los sindicatos, «esto supone que el personal del Insalud puede concursar a plazas del Servei Balear de Salut (Serbasa) reservadas a los trabajadores de este organismo», según preciso Carles Moreno, de UGT, «pero no a la inversa, lo que refleja que se utiliza esta vía de la libre disposición, que suele utilizarse de manera excepcional, para colocar a la gente que les interesa», dijo Moreno. Los sindicatos impugnarán la propuesta de la Conselleria si ésta se aprueba de manera directa en el Consell de Govern sin el consenso de la parte social, «un hecho que no tiene precedentes», aseguraron los representantes de CC OO, UGT, STEI-i y CSIF.