La delegada del Gobierno, Catalina Cirer, se ha comprometido con la
plataforma agrícola de Mallorca a revisar los expedientes
sancionadores y las multas de un millón por inmigrante ilegal
impuestas a tres empresas del sector agrícola por utilizar a
trabajadores inmigrantes 'sin papeles', según han confirmado
fuentes de la plataforma, aunque todavía no se ha tomado ninguna
decisión definitiva sobre esta cuestión.
Tal y como ya publicó Ultima Hora la semana
pasada la Delegación de Gobierno ha impuesto una multa de un millón
de pesetas por cada uno de los inmigrantes ilegales detectados el
pasado mes de junio en tres empresas agrícolas de la Isla. Una
empresa hortifructícola de Inca ha sido sancionada con 30 millones
de pesetas; dos millones para una empresa de Sant Joan y tres
millones de pesetas para una empresa de Palma.
Por otra parte el anuncio del delegado del Gobierno Central para
Extranjería e Inmigración, Enrique Fernández Miranda, de cerrar en
2002 el flujo de inmigrantes que vienen a nuestra Isla aprobando
una propuesta de contingente cero está provocando opiniones
encontradas.
Mientras que las centrales sindicales mayoritarias, CC OO y UGT,
apuestan por la regulación y legalización de los inmigrantes que ya
están viviendo en las Islas; las agrupaciones agrarias, Unió de
Pagesos y Asaja, reconocen que la situación de los empresarios del
sector agrícola es cada vez más difícil y que «necesitamos de la
mano de obra inmigrante», según palabras de Gabriel Company,
secretario general de Asaja.
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