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La visita oficial del presidente del Gobierno, José María Aznar, a los Estados Unidos ha puesto de nuevo sobre la mesa el asunto de la colaboración de España en la lucha contra el terrorismo. Tal vez, uno de los temas que más preocupa son las excesivas ansias de Aznar de una posible implicación militar de nuestro país en el conflicto. Algo que no entendería en absoluto la opinión pública, que, sin embargo, se muestra dispuesta a que exista una estrecha colaboración policial y a que se preste la ayuda humanitaria precisa en Afganistán. De hecho, ya se han dado muestras de la solidaridad de la población española tanto en la atención a las víctimas de otros conflictos bélicos como a las de catástrofes naturales. Otra cosa muy diferente sería participar en una guerra en la que, por otra parte, el potencial destructivo estadounidense ha demostrado ser dramáticamente más que suficiente.

Por otra parte, sí hay que considerar positiva la postura de nuestro país por cuanto se refiere a la posible extradición a EE UU de los integristas islámicos detenidos por la policía en territorio español. Nuestra legislación sólo permite que se lleve a cabo la misma siempre y cuando se excluya la pena de muerte, ya abolida afortunadamente en España. Y, además, tampoco se vería razonable desde este otro lado del Atlántico que los terroristas fueran juzgados por tribunales militares en sesiones a puerta cerrada, tal y como pretende implantar la Administración Bush.

Ciertamente, todo el peso de la ley debe caer sobre los terroristas, cuyas execrables acciones son de todo punto condenables, pero eso debe hacerse con todas las garantías jurídicas. Sin duda, el hecho de que los juicios sean públicos contribuye sobremanera a garantizar la limpieza del proceso. Actuar en sentido contrario sería un lamentable retroceso impropio de un Estado moderno.