El Govern dispone de tan sólo tres semanas para que el Parlament
convalide su moratoria urbanística y ésta no decaiga. Según la Ley
de Ordenación del Territorio, el Parlament debe dar validez a la
moratoria que aprobó el ejecutivo el pasado 3 de agosto, ya que es
este mismo órgano el encargado de aprobar la reforma de las
Directrices que motivó la presentación de la moratoria. El plazo
para convalidar la propuesta es de seis meses, de forma que el
Ejecutivo dispone hasta el 3 de febrero para hacer efectiva esta
convalidación.
Sin embargo, el mes de enero no es hábil a efectos
parlamentarios, por lo que el Govern sólo dispone de estas tres
semanas para tratar de conseguir el apoyo de Unió Mallorquina a su
propuesta de moratoria. Si además se tiene en cuenta que el orden
del día de la próxima semana ya está cerrado y que durante la
tercera semana del mes se dedica de forma exclusiva a la aprobación
de los presupuestos, sólo queda libre la semana comprendida entre
el 24 y el 30 de diciembre, precisamente la semana de fiestas.
Si el Govern se mantiene en su intención de aprobar la moratoria
de agosto, no tendrá otro remedio que solicitar la celebración de
un pleno extraordinario durante el mes de enero. Incluso en ese
caso , a menos que solicite una tramitación por lectura única, la
aprobación de la moratoria requerirá de los trámites ordinarios de
ponencia, comisión y pleno. Más allá del problema de tiempo del
Govern, este retraso a la hora de presentar un proyecto de ley en
el Parlament se debe a las discrepancias surgidas con Unió
Mallorquina como consecuencia de esta norma cautelar del
Ejecutivo.
Los representantes de Ordenació del Territori de Govern y
Consell llegaron a cierta base de acuerdo por la cual el Govern
accedía a que su moratoria quedara en vía muerta siempre que, a
cambio, el Consell incorporara a la suya las disposiciones de suelo
rústico que incluía la del Govern. Los responsables del Consell,
sin embargo, no parecen estar muy dispuestos a aceptar esta
modificación en la moratoria que, según dicen llevaría implícito un
nuevo periodo de exposición pública que a su vez retrasaría todo el
trabajo realizado en el marco del Plan Territorial de Mallorca. En
el supuesto de que el Govern pida un pleno extraordinario para
convalidar la moratoria necesitará los votos de los diputados de
Unió Mallorquina para que ésta salga adelante.
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