Nekane Domblás09/12/01 0:00
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El Govern dispone de una alternativa jurídica para blindar su moratoria sin tener que llevarla al Parlament. Los juristas que asesoran al Ejecutivo han realizado un informe en el que se afirma que el Govern puede ratificar su moratoria por decreto, es decir, sin necesidad de que se someta a votación en la Cámara legislativa. Esta alternativa choca con el artículo 17.2 de la Ley de Ordenación del Territorio, que señala directamente que la aprobación de la norma territorial cautelar debe hacerla el mismo órgano que tenga que aprobar después el instrumento de ordenación correspondiente. Dado que la reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio tiene que ser aprobada por el Parlament, también la moratoria debe ser ratificada por la Cámara legislativa.

Aunque los juristas del Govern afirman que el Ejecutivo tiene la opción de aprobar la norma cautelar por decreto, las fuentes consultadas han señalado que los responsables del Ejecutivo prefieren tratar de alcanzar un acuerdo con Unió Mallorquina. Se quiere que la norma cautelar aprobada el 3 de agosto cuente con el beneplácito del Parlament y siga vigente hasta la aprobación definitiva de las reforma de las Directrices de Ordenación del Territorio. En el Govern son además conscientes de que a los problemas jurídicos que podría comportar la aprobación de la moratoria por la vía del decreto habría que sumar la práctica ruptura de relaciones con Unió Mallorquina, con lo que el Govern quedaría en minoría, igual que UM en el Consell de Mallorca.

La base del problema se encuentra en que al Govern le quedan menos de tres semanas hábiles para tratar de alcanzar un acuerdo territorial con los nacionalistas, antes de que acabe el periodo de sesiones a finales del mes de diciembre. Si el Govern quiere aprobar la moratoria en el Parlament deberá pedir la celebración de un pleno extraordinario en el mes de enero. La presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, ya anunció el pasado viernes que hasta después de las fiestas de Navidad no tiene previsto mantener negociaciones con el Govern para tratar de resolver las desavenencias urbanísticas que surgieron el pasado mes de agosto y que siguen sin resolverse, a pesar de que ya han pasado más de cuatro meses.

Esta posible solución debía pasar por la opción de que los responsables de UM acepten introducir modificaciones en su moratoria para ampliar su ámbito de actuación al suelo rústico. Sin embargo, en UM ya han anunciado que esta posibilidad no les gusta lo más mínimo, porque la introducción de cambios en la moratoria obligaría a realizar un nuevo periodo de exposición pública. A su vez, la ampliación de la fase de exposición pública tendría como consecuencia directa un retraso en la aprobación inicial de Plan Territorial Insular, prevista para la próximo primavera. Las discrepancias urbanísticas entre el Pacte y UM comenzaron en agosto, cuando el Govern aprobó por sorpresa una moratoria, unos días después de que el Consell aprobara la suya. Los atentados de Nueva York el pasado 11 de septiembre sirvieron de excusa para rebajar una tensión que ha vuelto a destaparse ahora que ambas moratorias deben ser ratificadas de forma definitiva tanto por el Parlament como por el Consell.