La polémica «euroorden»

Las discrepancias se han centrado desde el principio, tanto en la «amplitud» de la euroorden, como en la retroactividad de la misma, si nos referimos a lo ocurrido en el seno de Los Quince, ya que, fuera de él, diversas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales, extienden sus objeciones a otros aspectos que guardan relación con el refuerzo del aparato represivo que supondrá la entrada en vigor de la misma. Básicamente, la euroorden determinará que una decisión judicial en cualquier Estado será válida en toda la UE y conllevará extradiciones automáticas, y que será aplicable a una lista de 30 delitos, que van desde el terrorismo a la trata de seres humanos, pasando por la estafa, la corrupción o el fraude. Tan amplio espectro ha encontrado la oposición frontal de países como Italia, que desea que la nueva norma se aplique tan sólo a seis delitos "entre los que no figuran ni el fraude ni la corrupción", entre otras razones porque ello podría afectar a altos cargos de su Gobierno, empezando por el propio Berlusconi.

En cuanto a la retroactividad, Francia y Dinamarca proponen limitarla, ponerle plazo, contrariamente a la actitud de la mayoría de los países, que sugieren que no tenga límite alguno. En suma, estamos ante un texto legal discutido y discutible, que da una vez más idea de la endeblez de una Europa en la que cuentan más los intereses privados y nacionales que el proyecto común. Y es lamentable que, a estas alturas, el perfil de una Europa vacía de contenido, salvo en lo económico, continúe cobrando fuerza.