La «justicia excepcional»

Estamos, pues, ante una justicia «para extranjeros» de más que dudoso procedimiento. En primer lugar, tan sólo se hará público el nombre del acusado y la sentencia, silenciándose todo lo demás relativo al proceso por tiempo indefinido. No existirá jurado, sino comisiones de oficiales, en unos procesos castrenses en los que la carga de la prueba recaerá sobre el acusado y sobre unos abogados que no tendrán acceso a todos los documentos manejados por la acusación. Para el pronunciamiento de la sentencia no hará falta, a diferencia de lo que ocurre en los tribunales civiles, que la culpabilidad sea establecida más allá de toda duda razonable, sino que será suficiente con que una mayoría de la comisión de oficiales considere «razonables» las pruebas. Tampoco existirá derecho a apelación alguna.

En suma, un conjunto de exigencias excepcionales "¿cabría tildarlas simplemente de arbitrarias?" que hacen temer por unas básicas garantías procesales y que, por descontado, vulneran muy concretas garantías constitucionales. Por excepcional que sea la situación que vive el país, y el mundo en general, no se encuentran razones que justifiquen de forma convincente el que no sea la jurisdicción civil la que se haga cargo de los casos de terrorismo, atendiendo como es preceptivo a los derechos fundamentales de los acusados. La insistencia de la Casa Blanca, y del Pentágono, por recurrir a la justicia militar, sólo se explica por la mayor dureza y la celeridad en el procedimiento que suele caracterizarla. Pero la justicia es otra cosa.