La ex consellera d'Innovació i Energia, Misericòrdia Ramon, declaró
ayer en calidad de imputada ante la juez que el ex gerente del
ParcBit, Felio Morey, cobró 22 millones de pesetas en el año y
medio en que ejerció ese cargo. Morey, en cambio, que también
declaró como imputado en la querella criminal presentada contra
ambos por el PP por los supuesto delitos de fraude y tráfico de
influencias, lo negó. Morey, además, declaró a la titular del
Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, que el
conseller de Presidència, Antoni Garcias, y el secretario general
de Organización del PSIB-PSOE, Damià Cànoves, le comunicaron que
estaba destituido y que «debía dimitir».
Ramon dimitió del cargo en enero pasado por extender un contrato
que incluía un blindaje multimillonario para Morey, que obligaba a
la parte que rompiera la relación a indemnizar a la otra con la
cantidad que restara de un contrato por diez años con salario anual
de 12 millones, cifra que en su caso suponía el pago de 112
millones. Aunque Morey también dimitió, finalmente se llegó a un
acuerdo por ambas partes para que no se pague esta indemnización.
Eduardo Valdivia, letrado de Ramon, declaró que no existe «nada
punible» en este caso y que todo obedece a una «clara maniobra
política del PP para compensar lo que está ocurriendo en el TSJB y
en el Tribunal Supremo con el caso Formentera».
El abogado del PP, Carles Perelló, por su parte, confirmó que la
juez ha admitido a trámite la petición de que declaren en calidad
de testigos el actual conseller d'Innovació i Energia, Príam
Villalonga, y los miembros del consejo de administración del
ParcBit.
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