Rafael de Lacy, conseller del área d'Ordenació del Territori del
Consell de Mallorca, ha sido denunciado por un delito fiscal, según
han confirmado a este periódico fuentes jurídicas y ha reconocido
el propio denunciado. La querella criminal ha sido presentada por
la Fiscalía de Madrid y la está instruyendo el Juzgado de
Instrucción número 26 de la capital, que la ha aceptado a trámite.
El fiscal, que actuó tras analizar la documentación que le
entregaron los inspectores de Hacienda, considera que se ha
cometido un delito fiscal en la venta de unos terrenos a AENA en la
ampliación del aeropuerto de Palma.
De Lacy ha sido denunciado, no como propietario de los terrenos,
sino por su condición de administrador y abogado de la sociedad
«Aeroterrenos S.L.», que era la propietaria de uno de los tres
terrenos que fueron expropiados en el año 1996 para ampliar la
superficie del aeropuerto de Son Sant Joan. Esta venta, según las
fuentes consultadas por este periódico, rondó los 200 millones de
pesetas, dinero cuyo paradero está siendo investigado por el fiscal
de Madrid. Los inspectores de Hacienda han descubierto que esta
venta, por la que se obtuvieron importantes beneficios económicos,
no fue declarada, y por tanto los impuestos no fueron abonados.
Hacienda considera que la cifra económica supera el mínimo
establecido para que se considere delito fiscal, por lo que
presentó la documentación a la Fiscalía para que actuara. El
siguiente paso del fiscal fue presentar una querella, como
establece la ley, según han informado expertos en la materia. El
Juzgado de Instrucción 26 de Madrid ha comunicado a De Lacy su
condición de denunciado en esta querella criminal, si bien todavía
no se ha señalado la fecha en la que debe comparecer. El político
mallorquín prestará declaración en calidad de imputado, y por tanto
tendrá que hacerlo asistido por abogado.
De Lacy, en su descargo, mantiene que él actuó sólo como abogado
y administrador de la sociedad que vendió el terreno, pero que él
no recibió el dinero por la venta de este terreno. Algunos expertos
dudan de que la responsabilidad penal en un delito fiscal pueda
alcanzar a una persona que ha actuado sólo como administrador de
una sociedad. De Lacy no es el único imputado en esta causa, sino
que también aparece otro empresario. Pese a que los terrenos que se
vendieron están ubicados en Mallorca, la denuncia de la Fiscalía se
ha presentado en Madrid porque la sede de la sociedad «Aeroterrenos
S.L.» está situada en la calle Diego de León, en la capital.
Se da la circunstancia que en el Juzgado de Instrucción 5 de
Palma también se tramita una querella por delito fiscal por la
venta de otros terrenos a AENA, en la que aparece como imputado un
empresario. El juzgado de Madrid se puso en contacto hace varios
días con el de Palma para pedirle una copia de la querella que está
instruyendo.
Rafael de Lacy: «Tengo argumentos para mi
defensa»
«Yo no formaba parte de la sociedad (Aeroterrenos S.L.) cuando,
supuestamente, tuvieron lugar los hechos que me imputa el fiscal de
Madrid», declaró a este diario el conseller d'Ordenació del
Territori del Consell de Mallorca, Rafael de Lacy. «Aunque el tema,
lógicamente, me preocupa, y mucho, tengo argumentos para mi
defensa», añadió. La denuncia contra De Lacy se refiere a unos
hechos acaecidos antes de su nombramiento como conseller. Sin
embargo, es el primer político mallorquín con responsabilidad en
una institución pública que ha sido denunciado por la Fiscalía por
un supuesto delito fiscal.
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