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S.C./J.M.
El PP cree que las inversiones sanitarias que están pendientes en Balears, cifradas en 27.000 millones, podrán «perfectamente asumidas por el Govern gracias al incremento de casi un 20 por ciento de la financiación para Sanidad que prevén las transferencias en esta materia». El portavoz del PP en el Parlament, Joan Flaquer, planteó que los 100.000 millones de pesetas anuales previstos para dotar las competencias sanitarias suponen un incremento de 17.000 millones en relación a la cantidad recibida por Balears durante el presente ejercicio. «La consellera de Sanitat debería realizar un ejercicio de responsabilidad y aceptar la oferta del Ministerio de Sanidad», pidió Flaquer, quien opinó que Madrid dotará a Balears de recursos suficientes para cubrir las necesidades sanitarias de los ciudadanos.

Flaquer considera que el president Antich «se fía muy poco de la consellera Salom» ya que durante los últimos meses ha decidido reforzar el organigrama directivo de la Conselleria de Sanitat. Asimismo, Flaquer acusó al Ejecutivo de Antich de «menospreciar y engañar» a los ciudadanos al «ocultar» estos y otros datos, como por ejemplo que entre 1996 y 2001, con el PP en el Gobierno central, se ha incrementado la inversión sanitaria en Balears en un 60 por ciento.

En relación a las competencias sanitarias, UM rechazó la postura de involución del Estado en las autonomías, lo que en opinión de la formación nacionalista «supone un episodio más del nulo interés de Madrid hacia los problemas de nuestra Comunitat». «Este cambio de condiciones es una traición en cualquier proceso de negociación y supondrá que el Govern deberá aceptar esta transferencia de Sanidad aunque venga mal dotada», señala UM en relación a la decisión del Gobierno central de vincular la aceptación de las competencias a continuar en el nuevo modelo de financiación.

Asimismo, Esquerra Unida cree que la postura de Madrid supone «un auténtico chantaje que convierten a los máximos responsables del Govern en auténticos 'trileros' que juegan no sólo con las comunidades afectadas, sino las ciudadanas y ciudadanos que ven cada día más cerca un horizonte de asistencia sanitaria en condiciones». A estos comentarios se une la formación nacionalista PSM-EN quien el miércoles ya calificó «de insultante chantaje político» la actitud del Gobierno central en el tramo final del proceso de transferencias de Sanidad a la Comunitat Balear «con la imposicion unilateral de los criterios y de la cuantía de la financiación por parte de Madrid».

«No sólo se impone unilateralmente la financiación de la Sanidad pública, sino que si alguna comunidad autónoma no la acepta, por considerarla insuficiente, quedará fuera de todo el sistema de financiación autonómica», indica el PSM en un comunicado. En su opinión, el Gobierno central «debe hacerse cargo de las inversiones ya comprometidas para la reforma de Son Dureta y los hospitales de Inca y Maó ya que, de no ser así, trasladará al Govern balear una responsabilidad imposible de asumir» y además denuncian la «mala gestión» del Insalud en Son Llàtzer.