El informe del fiscal

El «caso Formentera» se mueve en dos planos que no deberían sobreponerse: el político y el jurídico. Por lo que respecta al aspecto político, ya se pronunció el Parlament balear, que condenó la actuación de los populares tras la investigación realizada por una comisión parlamentaria. Obviamente, se trataba de una decisión política adoptada incluso antes de que la comisión iniciara sus trabajos. Se impuso simplemente la aritmética de los votos.

En la vertiente estrictamente jurídica, las cosas pueden ser muy distintas. Aquí debe imponerse el imperio de la ley a través de sus tribunales. De momento, el fiscal del Tribunal Supremo ha sido contundente: no ve indicios de delito por lo que se refiere a Jaume Matas y Rosa Estaràs, aunque señala que la posible utilización de viajes institucionales para fines partidistas podrá considerarse estética e incluso éticamente reprochable, pero en modo alguno, señala el Ministerio Público, puede constituir un delito electoral ni un delito de malversación. A este respecto, no se puede olvidar que todos los gobiernos gastan dinero público en actuaciones de las que esperan obtener réditos políticos. La frontera que separa lo ética y estéticamente correcto de lo que no lo es no es fácilmente trazable. En consecuencia, se podrán criticar algunas acciones, pero conseguir una sentencia condenatoria es tarea harto difícil.

Para muchos juristas el dictamen del fiscal no ha representado sorpresa alguna por la dificultad de probar un delito electoral. No bastan las conjeturas, hay que contar con indicios suficientes. Probablemente, hasta los querellantes sabían que jurídicamente el caso era poco consistente. Otra cosa es el sacarle al asunto el máximo rendimiento político.