El centenar de acreedores de Brokeval, que presentó un expediente
de quiebra en junio de 1994, podrá cobrar un mínimo de 3.300.000
pesetas (unos 20.000 euros) tras el acuerdo del Ministerio de
Hacienda de crear un fondo de ayuda a los afectados por la
desaparición de agencias de valor como consecuencia del «caso
Gescartera». Uno de los abogados que instó la quiebra, Joan Font,
confirmó a Ultima Hora que los acreedores de
Balears «disponen» de ese fondo mínimo con carácter retroactivo,
aunque reclamen una cantidad muy superior, 400 millones de pesetas
(unos 2'4 millones de euros).
El «caso Brokerval» se encuentra en su fase final de instrucción
antes de que pase a la Audiencia de Palma, donde se celebrará el
juicio contra la cúpula directiva de la ex agencia de valores. El
borrador del escrito de acusación elaborado por el fiscal Joan
Carrau prevé penas de cárcel de entre 6 y 12 años para Francisco
Berga, Guillermo Coll, Francisco Tous, Fernando Mulet, Miguel Seguí
y Jaime Lerín. Los ex directivos de la agencia de valores, cuya
quiebra dio origen al «caso Túnel de Sóller» y una amplia
investigación que culminó con la renuncia al cargo de president del
Govern de Gabriel Cañellas, serán acusados de apropiación indebida
continuada con el objetivo de evitar la prescripción del
delito.
Las penas exactas que se pedirán para los acusados variarán
según el Código Penal que se aplique. En principio, según las
fuentes consultadas, el representante del Ministerio Público ha
decidido acogerse al texto legal antiguo porque era el que estaba
en vigor en el momento en que se registraron los hechos. En un
primer cálculo, el escrito fiscal cifra en unos 600 millones el
quebranto sufrido por cientos de inversores de Brokerval. Esa cifra
no contempla los cientos de millones de dinero negro (opaco al
fisco) que la agencia, supuestamente, empleó en determinadas
operaciones.
El «caso Brokerval» se inició en 1994, cuando varios directivos
de la quebrada agencia de valores denunciaron las supuestas
irregularidades cometidas por los máximos responsables de la
entidad. La investigación que siguió a la denuncia culminó el 30 de
junio de 1994, con una orden judicial de registro de las oficinas
de Brokerval en el centro de Palma y un auto de declaración de
quiebra. Algunos días después también fue intervenida judicialmente
la sociedad Inverbroker, desde la cual, presumiblemente, se crearon
unas sesenta comunidades de bienes para aflorar una elevada
cantidad de «dinero negro», que podría rondar los 4.000 millones de
pesetas.
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