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La histórica junta de fiscales celebrada el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), en la que el Ministerio Público de Mallorca, Menorca y Eivissa respaldó de forma incondicional al fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, en su propósito de solicitar que el «caso Formentera» continúe instruyéndose en el Tribunal Supremo, ha supuesto un auténtico terremoto político y jurídico en las Islas. «No entiendo», dijo Josep Juan Cardona, uno de los imputados en el «caso Formentera» y coordinador general del PP en Balears, «por qué los fiscales organizan una junta para una causa que se está instruyendo (en el TSJB) y no lo hacen para temas tan importantes como el terrorismo o el narcotráfico».

Tutor, en vista de que el escrito de conclusiones que redactará próximamente choca de forma frontal con la opinión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, ha querido recabar el respaldo de todos los fiscales de las Islas. En Balears, el Ministerio Público opina que el ministro de Medio Ambiente y ex president del Govern, Jaume Matas, la diputada nacional del PP, Rosa Estaràs, deben prestar declaración en calidad de imputados en el Tribunal Supremo; en Madrid, la Fiscalía del Supremo cree todo lo contrario y aboga para que la Sala Segunda no admita a trámite la querella criminal presentada por el PSIB-PSOE y EU.

En caso de que el Supremo inadmita la querella, la instrucción seguirá en el TSJB, y a su conclusión la Fiscalía de Balears puede pronunciarse y solicitar el traslado de la causa al Supremo. La tesis de Tutor, no obstante, no es oficial porque él mismo se encargó de aclarar que no se pronunciará hasta lo que haga el Supremo. Pero, de todos es conocido el criterio que ha venido manteniendo sobre el «caso Formentera» desde el pasado verano, cuando ya afirmó que la causa debía «pasar al Supremo». En ese momento, la rápida intervención del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, lo impidió.

Las reacciones a la histórica junta de fiscales, tanto en Balears como en Madrid, no se hicieron esperar. El PP balear expresó ayer «sorpresa» por la «difusión mediática» que tuvo la reunión de los fiscales. El diputado Joan Flaquer dijo mostrarse «sorprendido» por la repercusión que ha tenido este encuentro «de carácter ordinario». Tras mostrar su «respeto a cualquier decisión que tome la justicia» en este asunto, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular reiteró la «convicción clara y profunda» de la formación conservadora de que este caso «no es más que una cacería política iniciada por el Govern de Francesc Antich, fruto de su incapacidad e incompetencia para gobernar en positivo».

EU, por su parte, mostró su satisfacción por el apoyo de los fiscales de las Islas a remitir el «caso Formentera» al Supremo, en lo que supone «una demostración de que Cardenal y Luzón por pueden poner freno al avance de la Justicia». Según EU, «es más que significativo que 40 fiscales de Balears se hayan puesto de acuerdo para trasladar la causa al Tribunal Supremo para que declaren como imputados Matas y Estaràs».

El secretario de Organización del PSIB, Damià Cànoves, aseguró a Efe que el apoyo de la Junta de Fiscales de Balears a la decisión del fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, de remitir el «caso Formentera» al Tribunal Supremo supone un respaldo para la querella que su partido interpuso contra Jaume Matas. Cànoves indicó que, «como parte de la acusación, estamos satisfechos del resultado de esta Junta de Fiscales», reunión en la que, según dijo, 26 de los 28 fiscales titulares coincidieron con el fiscal jefe en la conveniencia de trasladar el caso al Tribunal Supremo para que se impute o se tome declaración como testigos al ministro y a la parlamentaria. «Los que realmente conocen el caso son los fiscales de Balears», afirmó el dirigente socialista, que destacó que la decisión de la junta pone en evidencia el informe en que el teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, recomendó la inadmisión de la querella.

El abogado que coordina la defensa de los imputados en el «caso Formentera», Rafael Perera, por su parte, calificó de «insólita» la junta de fiscales. «No alcanzo a valorar su trascendencia y significación», precisó. En Madrid, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Àlvaro Cuesta, se preguntó por el papel del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el «caso Formentera», ya que, «una vez más, de forma arbitraria y en la que se confunden los papeles, se convierte en el abogado defensor del Gobierno».