La Comissió de Serveis Generals del Consell de Mallorca aprobó ayer
la moratoria de la institución con ligeras modificaciones que
deberán ser ratificadas el próximo martes en el pleno de la
institución. Los cambios responden a errores técnicos y afectan a
dos municipios de la Isla: la zona costera de Campos quedará
incluida en la moratoria y la zona urbana de Felanitx queda fuera.
También se ha corregido un error mecanográfico en el cupo de
viviendas sociales que se destinarán a alquiler.
El conseller d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca,
Rafael de Lacy, explicó que, pese a que la norma cautelar no debía
afectar a los municipios del interior de la Isla, sí que sería de
aplicación en Sencelles y Esporles. Lacy señaló que la razón es que
estos dos municipios había superado la barrera del 10 por ciento de
crecimiento en los últimos cinco años. La propuesta fue dictaminada
con el voto favorable de todos los partidos del Pacte y el único
voto en contra del PP. Por lo tanto, EU-EV votó a favor, a pesar de
estar en contra del acuerdo territorial al que llegaron Govern y
Consell. Los representantes de EU-EV presentaron tres alegaciones a
la propuesta para tratar de hacer más restrictiva la moratoria.
La coalición pidió que la moratoria en suelo rústico fuera
total, es decir, que se impidiera la construcción de todas las
viviendas unifamiliares hasta la aprobación del Plan Territorial
Insular. También proponían fijar cupos máximas de construcción para
los municipios excluidos de la moratoria y que se eliminara la
excepción de que los núcleos urbanos de algunos municipios no
estuvieran afectados por la norma cautelar. Las enmiendas no
llegaron ni a votarse ante la más que evidente oposición de los
miembros del Pacte.
El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Jaume Font,
lamentó que el Pacte no haya dado respuesta a su propuesta de
diálogo y denunció la discriminación que han sufrido algunos
municipios de la Isla. Font señaló, por ejemplo, que no es lógico
que el casco urbano de Manacor quede fuera de la moratoria, pero el
de Llucmajor sí quede afectado por la restrictiva norma
urbanística.
También consideró ilógico que municipios del interior, como
Sencelles y Esporles, se vean afectados por culpa de la regla
matemática que aplica la institución insular. Otras de las
cuestiones que rechazan los representantes del PP es lo que
consideran una «virtual» moratoria en suelo rústico, ya que no
llegará a aplicarse si la aprobación inicial del Plan Territorial
se hace en abril, como está previsto. Para el PP, la unificación
final de las dos moratorias no es más que una evidencia «de lo mal
que lo hizo el Govern al presentar la suya deprisa y
corriendo».
Críticas de GOB y CAEB
Como era de esperar, la aprobación de la moratoria no gustó nada a
los representantes de la CAEB; quienes lamentaron la nula atención
de que han sido objeto tras sus reuniones con Francesc Antich y con
Maria Antònia Munar. Añaden que las rebajas a la moratoria apenas
suponen una liberalización de entre el 12 y el 15 por ciento del
sector, lo que tendrá una nula incidencia ante la crisis. Aunque
por razones opuestas, también los representantes del GOB se
mostraron parcialmente críticos con el acuerdo territorial al que
han llegado Govern y Consell. En su opinión, el Ejecutivo no puede
renunciar a la reforma de las DOT y considera que la inclusión del
suelo rústico es totalmente insatisfactoria. También lamentan que
el pacto territorial haya sacrificado a Menorca y Eivissa, que se
quedarán sin moratoria al decaer la del Govern.
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