El empresario Antoni Cuart, el único de los acusados en el «caso
Túnel» que juzgó, entre otros, al ex president del Govern, Gabriel
Cañellas, por haber aceptado un soborno de 50 millones de pesetas
para otorgar a la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller la
concesión de esa obra viaria, que ha sido condenado, ha alegado
padecer una enfermedad incurable para eludir su ingreso en prisión.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de diciembre la pena de
nueve años y diez meses de cárcel para Cuart impuesta por la
Audiencia de Palma que condenaba a Cuart por los delitos de estafa,
apropiación indebida y falsedad, que habría cometido Cuart al
frente de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller.
Cuart remitió un escrito a la Sección Primera de la Audiencia de
Palma, que ya le comunicó oficialmente que debe ingresar en la
cárcel, solicitando que se anule esa orden por una enfermedad
incurable. Fuentes del caso confirmaron a Ultima
Hora que si Cuart quiere beneficiarse del beneficio que
otorga el tercer grado «primero debe ingresar en la prisión y ser
clasificado, según señala la Ley Penintenciaria». La elevada edad
del penado, (79 años) en este caso, no es una causa atenuante. La
Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó todos y cada uno de los
recursos de casación a la sentencia del «caso túnel» dictada en
1997 por el TSJB. Según la sentencia, no procede casar la sentencia
del TSJB en ninguno de sus apartados, con excepción de la actuación
que tuvo Cuart.
La sentencia detalla con minuciosidad la trama, que define como
«corruptora», en el diseño del concurso, elección del
adjudicatario, la entrega de los 50 millones de pesetas que Cuart
hizo a Cañellas y la posterior ejecución de las obras. En el juicio
abierto en la Audiencia de Palma, Cuart intentó por todos los
medios evitar la condena, sin éxito, ya que fue hallado culpable de
los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad. El recurso
que presentó fue rechazado por el Supremo y tendrá que cumplir una
pena de casi diez años de prisión.
La sentencia del denominado «juicio del siglo» hecha pública en
1997 ocupó 42 folios a doble espacio, y en ella, el tribunal que
juzgó el «caso túnel» acordó por unanimidad absolver a los acusados
(Gabriel Cañellas, Jeroni Saiz, José Antonio Berastain y Antoni
Cuart) de los delitos de prevaricación continuada y cohecho. En el
primero de los delitos, la Sala, formada por los magistrados Angel
Reigosa, José Zaforteza y Antonio Capó, acordó la absolución tras
analizar de forma minuciosa el proceso seguido en la adjudicación
de las obras y concesión de las prórrogas otorgadas a Cuart por el
Govern que presidía Cañellas.
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