La jueza que instruye el «caso del contrato blindado» instado por
el PP en contra de la ex consellera d'Innovació i Energia,
Misericòrdia Ramon, y el ex gerente del ParcBit, Felio Morey, por
los presuntos delitos de fraude y tráfico de influencias, ha citado
a las partes para resolver si debe ser el jurado popular el que se
pronuncie sobre la cuestión.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen
Abrines, quiere que el fiscal y los abogados comparezcan para
reafirmarse en sus respectivas peticiones, después de que el
Partido Popular (PP) de Balears, a través del abogado Carles
Perelló, hubiese solicitado que un jurado popular falle sobre la
causa. El escrito señala que tras las declaraciones prestadas por
ambos querellados, «de las que se desprenden indicios racionales de
la comisión de ambos delitos, y dado que éstos son competencia del
Tribunal del Jurado, según los artículos H y J de la Ley del
Jurado, se interesa que dicte (la jueza) una resolución de
incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del
Jurado», señala el letrado.
Tanto Ramon como Morey ya prestaron declaración, después de que
la jueza aceptara a trámite la querella al considerar que los
hechos denunciados por el PP «pueden ser constitutivos de un delito
de fraude y de tráfico de influencias». En la primera declaración
ante la jueza, Ramon admitió que fue el propio Morey el que redactó
el contrato que incluía la polémica cláusula de una rescisión
millonaria, de hasta 120 millones de pesetas, en caso de que éste
fuese despedido.
Eso fue lo que, finalmente, ocurrió, pero Morey renunció a ser
indemnizado con esa cantidad al pactar las condiciones de su cese
con los dirigentes socialistas Antoni Garcías y Damià Cànoves.
Fuentes del partido conservador consideran que existen «sospechas
graves» de que el Govern condonó 120 millones de pesetas y «jugó
con el dinero público de todos».
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