El Govern del PP pudo evitar la suspensión del impuesto ecológico

El documento fue realizado el 18 de mayo de 1992 por los técnicos de la Conselleria d'Hisenda, que advertían a sus superiores que, después de mantener una reunión con altos cargos del Gobierno central, era conveniente realizar algunos cambios al Isiquema para blindar la ley y garantizar su recaudación. La propuesta era cambiar el hecho imponible del impuesto y evitar, de esta manera, un recurso del Gobierno central. Los técnicos del Govern planteaban que «el fondo o la filosofía del Isiquema» no variase esencialmente, aunque perdiese cierto potencial recaudatorio.

Para ello se planteaba aceptar las actividades iniciales (energía+carburantes+telefónica), y que se estableciese una cierta presunción de contaminación. La base imponible, según la propuesta, tenía que ser el valor patrimonial de las empresas afectadas por el impuesto. «Si llegamos a una modificación consensuada, promoverán la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional», reconocían los altos funcionarios del Govern. La propuesta del Gobierno central de retirar el recurso de inconstitucionalidad se celebró en Palma, y contó con la presencia de Miguel Cruz, Carmen Botella, José Tanco e Ignacio Rubio, todos ellos altos cargos del Ministerio de Economia.

En el informe realizado por el Govern se admite que la postura del Gobierno central era la de llegar a un acuerdo para retirar el recurso. Así, el autor del documento admitía: «Miguel Cruz no está beligerante, mientras que el más combativo, aunque correctísimo, resulta ser Rubio Urquía, quien parece haber inspirado la línea del recurso de inconstitucionalidad. Rubio ve lo más conflictivo en el objeto (gravar elementos patrimoniales) y en el hecho imponible (la titularidad de elementos patrimoniales), considerando que colisiona con el IBI y con el artículo 6.3 de la LOFCA, ya que entiende que actúan sobre materias imponibles reservadas a la Administración Local».

Rubio acudió a la reunión celebrada en Palma como asesor del Gobierno central y fue él, precisamente, quien realizó un informe al Govern del Pacte de Progrés para analizar un posible recurso de inconstitucionalidad en contra de la ecotasa. Rubio Urquía advirtió sobre la posible inconstitucionalidad del impuesto ecológico y descartó, hace poco, que la ecotasa pudiese ser objeto de una sentencia contraria por parte del Tribunal Constitucional.

A pesar de la reunión de los técnicos de Hisenda con los del Ministerio de Economia, el Govern decidió seguir adelante con su propuesta inicial y decidió no modificar el Isiquema. Hace sólo un año que el Tribunal Constitucional dió la razón a las tesis del Gobierno central y obligó al Govern a devolver todo el dinero recaudado a través de dicho impuesto. Como consecuencia de ello, el actual Ejecutivo balear tuvo que solicitar un crédito extraordinario de 25.000 millones.

Balears bate récords de recursos ante el Tribunal Constitucional
El actual Govern se encuentra entre las comunidades autónomas que ha tenido más leyes recurridas ante el Tribunal Constitucional. De las leyes recurridas durante el mandato del PP, dos de ellas fueron consideradas inconstitucionales. En concreto, el Tribunal Constitucional anuló el Impuesto sobre Loterías, que invadía competencias del Estado, y más recientemente invalidó el impuesto ecológico, que ha provocado un importante agujero económico en las arcas del Govern. Más recientemente, el Gobierno central ha recurrido ante el Constitucional la Ley de Consells, la ecotasa turística y la Ley del Comercio. Las primeras dos leyes pueden entrar en vigor, a falta de sentencia definitiva, mientras sigue pendiente que el Constitucional se pronuncie sobre la Ley del Comercio.